R. GARCÍA / J. M. GUTIÉRREZ | A CORUÑA La Fábrica de Armas de A Coruña debería seguir siendo propiedad del Ministerio de Defensa porque el Gobierno sólo autorizó la venta del 30% de sus acciones a la multinacional norteamericana General Dynamics, según se desprende del dictamen del Tribunal de Cuentas que fiscalizó esa operación. La privatización de Santa Bárbara en 2000 incluyó, no obstante, a la factoría coruñesa, lo que ahora dificulta la construcción de viviendas en su solar.

El informe del órgano fiscalizador, aprobado en 2007 y publicado por el Boletín de las Cortes Generales ayer mismo, señala que las condiciones de la venta "no se han ajustado a los términos del Consejo de Ministros por el que se autorizó la privatización" y detalla que entre los incumplimientos figura la inclusión entre los activos traspasados del accionariado de la compañía Fábrica de Armas de La Coruña Sociedad Anónima.

El pacto alcanzado finalmente por el Gobierno central, en aquel momento presidido por José María Aznar, hizo que los 350.000 metros cuadrados de superficie de la fábrica coruñesa continuasen en poder del Ministerio de Defensa, mientras que la compañía pasó íntegramente a General Dynamics, que la incorporó al nuevo grupo Santa Bárbara Sistemas.

Si se hubiera respetado el acuerdo suscrito en un primer momento, el Estado se mantendría como accionista principal de la factoría y tendría capacidad para tomar decisiones sobre su futuro con libertad absoluta, lo que le habría permitido vender los terrenos y acometer una de las más importantes operaciones urbanísticas en A Coruña en los últimos años. Pero la venta de la empresa al completo convierte a la multinacional en inquilina de la fábrica e impide la enajenación de la finca sin su consentimiento, como se hizo patente en el fracasado intento de traslado de las instalaciones al polígono de A Grela.

El acuerdo para la privatización establecía que tanto los terrenos como los edificios industriales de todas las fábricas de la Empresa Nacional Santa Bárbara permanecerían como propiedades del Ministerio de Defensa, que recibiría a cambio un canon anual por su utilización. General Dynamics acordó posteriormente con UGT, mayoritaria en el comité de empresa de A Coruña, el cierre de la fábrica de Pedralonga y el paso a otra que se construiría en los terrenos que ocupó en su día el Parque de Automovilismo, pero la operación exigía que Defensa se hiciera cargo del coste de la nueva factoría, estimado en unos 30 millones de euros.

Después de un año de negociaciones entre Gobierno, empresa, Xunta de Galicia y Ayuntamiento coruñés, el proyecto se fue al garete al rechazar el ministerio la financiación del traslado, puesto que General Dynamics no se planteó en ningún momento aportar cantidad alguna para favorecer esta iniciativa. El Plan de Transformación 2009-2012 aprobado entre los sindicatos y Santa Bárbara Sistemas el pasado 5 de noviembre reconoce que se había logrado un "amplio consenso" para llevar a cabo esta operación, pero señala que no fue posible ejecutarla debido a la "indefinición en cuanto a su ubicación y financiación".

Con estos términos con los que la empresa trata de esconder la oposición de Defensa a costear la nueva fábrica, puesto que los terrenos de A Grela contaban con el visto bueno de todas las partes e incluso habían sido visitados por el presidente de General Dynamics, Nicholas Chabraja, durante una visita a la ciudad. El pacto entre los trabajadores y la dirección no cierra sin embargo las puertas a esta actuación, de la que se dice que en el momento actual "no es factible" y que quedará "supeditada a conversaciones futuras con el Ministerio de Defensa" por parte de todos los sectores implicados.

La venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara contó desde un primer momento con una oposición radical de los representantes sindicales, quienes presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno. La iniciativa fue respaldada por el comité intercentros del grupo y los respectivos comités de empresa de cada factoría, entre ellos el de A Coruña, aunque la sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2004 desestimó el recurso y dio vía libre a la privatización.

Desde mediados de los años ochenta, época en la que la Fábrica de Armas vio reducida su producción a causa de la caída de los pedidos de Defensa, los sindicatos alertaron de que los terrenos de Pedralonga podrían ser objeto de una gran operación especulativa, ya que se encuentran en una zona privilegiada del municipio.

A la amenaza de cierre que se vivió durante los años noventa se añadió después la sospecha de que la privatización de la fábrica coruñesa tenía como fin oculto la venta de sus instalaciones. Contra este supuesto objetivo actuaba como freno la imposibilidad de llevarlo a cabo antes de 2005, ya que ese año vencía la posibilidad de que los propietarios de las parcelas que fueron expropiadas pudieran exigir su devolución si la fábrica abandonaba su actividad.

La aceptación por el Ayuntamiento y la Xunta del traslado de la factoría a A Grela con el compromiso de que General Dynamics mantendría la plantilla actual al completo hizo concebir que los terrenos pudiesen ser recalificados, por lo que el urbanista Joan Busquets incorporó esta posibilidad en el plan general que diseñó para el Gobierno local.

De acuerdo con sus previsiones, la ordenación de los 350.000 metros cuadrados que ahora ocupan las instalaciones fabriles haría que 154.000 de ellos se convirtieran en edificables y que la forma de los actuales edificios industriales condicionarían la parcelación de los futuros bloques de viviendas, de las que al menos el 40% serían protegidas.

El proyecto de Busquets establece además la conservación del pórtico de hormigón situado en la entrada de la fábrica como elemento que identifique al nuevo núcleo urbano, así como la reserva de 43.000 metros cuadrados para espacios libres y de otros 20.000 para equipamientos. Estos últimos elementos se situarían en una parcela ya próxima al barrio de Eirís.