R. GARCÍA / M. MOSQUERA | A CORUÑA
El comité de empresa de la Fábrica de Armas lo tiene claro: si el Gobierno español no hubiese privatizado las instalaciones en el año 2000, el traslado de la factoría y su futuro estaría ahora garantizado. Para los trabajadores, el acuerdo del Ejecutivo, presidido por José María Aznar, con la multinacional norteamericana General Dynamics ha obstaculizado el traslado del complejo de Pedralonga, que ahora se ha aplazado sin fecha porque el Ministerio de Defensa se niega a financiar el proyecto. De rebote, esta circunstancia afecta a la recalificación de los terrenos y a la operación urbanística planteada en el futuro planeamiento general del Ejecutivo coruñés.
El informe del Tribunal de Cuentas cuestiona la venta de la Fábrica de Armas a General Dynamics porque no se ajustó "a los términos del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la privatización", tal y como publicó ayer LA OPINIÓN. El plan inicial era que la multinacional adquiriese el 30% de la factoría coruñesa, pero el primer acuerdo no se respetó y ahora el Estado no tiene carta blanca para decidir el futuro de la Fábrica de Armas: los 350.000 metros cuadrados de Pedralonga son propiedad del Ministerio de Defensa; pero la compañía pertenece a General Dynamics, es decir, que no se pueden enajenar los terrenos sin su visto bueno.
El presidente del comité de empresa, Roberto Teixido, de UGT, sindicato mayoritario en la Fábrica de Armas, suscribió el informe del Tribunal de Cuentas y destacó que, de haber quedado el Estado como accionista mayoritario, el traslado sería ahora "mucho más fácil". "Todo el proceso del PP se llevó con mucha nebulosa. El que hizo esto agarró bien, pero luego falló porque los terrenos no eran de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ni de General Dynamics, sino del Ministerio de Defensa. Al PP, la privatización le salió mal". El comité de empresa advirtió de que el futuro laboral en la factoría de Pedralonga está en el aire y que la compañía aseguró que se reducirá la carga de trabajo y, con ella, la de personal, entre "cuarenta y cincuenta" empleados, de los 214 que tiene en plantilla.
Teixido también reprochó a Defensa su "falta de compromiso", puesto que se negó a afrontar la inversión del traslado de la empresa desde Pedralonga a un polígono industrial, presupuestado entre 25 y 30 millones. El futuro plan general ya prevé el traslado de la fábrica a los terrenos del antiguo Cuartel de Automóviles del polígono de A Grela, una parcela de 50.000 metros cuadrados de los que Defensa ya cedió 3.788 metros cuadrados para la tercera ronda. El alcalde, Javier Losada, restó importancia al dictamen del Tribunal de Cuentas: "Para la Fábrica de Armas establecemos dos alternativas: una es prever el futuro, que está puesto en el plan general y para eso se necesitará la firma de un convenio (en referencia al posible acuerdo de sindicatos, empresa y Gobierno); y si no, también está garantizado en el plan general el mantenimiento de la actividad industrial en la zona".
