La mayor recalificación de suelo del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de A Coruña, con una superficie equivalente a 136 campos de fútbol, se acordó la semana anterior a su estudio por la Junta de Gobierno Local y dos semanas antes de la aprobación del documento, y por lo tanto de dicha recalificación, por parte del pleno.

El Gobierno local justifica la recalificación de un sector de suelo entre los polígonos de Pocomaco y A Grela por la creación de un parque tecnológico y una zona verde denominada Parque Alto. La Corporación municipal decidirá el próximo día 24 si da luz verde a este PXOM que a última hora ha incluido la recalificación de un millón de metros cuadrados, la más grande de todo el planeamiento.

Esta reclasificación supone una relevante modificación sobre el Plan Busquets que en marzo de este año se envió a la Xunta. En el proyecto que se remitió a la Administración gallega no se incluyó este cambio de última hora, una operación urbanística en una zona muy cerca de donde se construye el Marineda Plaza donde se levantará Ikea. Este sector representa por sí sólo la cuarta parte del total del suelo urbanizable de A Coruña.

Un total de 974.187 metros cuadrados, casi 100 hectáreas, figuraban como suelo rústico en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998. La revisión del planeamiento que realizó Busquets y que se envió a la Xunta para informe previo en marzo de este año cambió la clasificación de rústico a rústico de especial protección, por lo que estos terrenos carecían de aprovechamiento lucrativo. Pero en esta última semana el Gobierno local ha recalificado de nuevo este ámbito y según los datos de lo que se va a someter al pleno del próximo martes, ahora la zona es suelo urbanizable y con un aprovechamiento de más de medio millón de metros cuadrados.

La recalificación se ha efectuado en virtud de un convenio firmado el pasado 17 de noviembre entre la concejal de Urbanismo Obdulia Taboadela y varios particulares y promotores. En la lista de los promotores de esta operación figuran los más conocidos de la ciudad: Inmobiliaria Costa Coruña, de Manuel Soto; Anjoca, de Ángel Jove; y Promotora Urbanística Las Rías, de Manuel Collazo, que ya promovió la mayor recalificación de España en el municipio de Aranga, donde casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico pasaron a urbanizables gracias a un convenio con el alcalde. Junto a ellos están también los dueños de las canteras que explotan el monte incluido en este ámbito desde hace años. Entre todos estos propietarios de terrenos incluidos en el ámbito poseen aún poco más de la mitad del total, un 57%. Estos propietarios, según figura en el convenio, fueron los que acudieron al Ayuntamiento para exponerle su proyecto y subrayar sus bondades: primero se eliminarán las canteras existentes que degradan la zona por lo que permitirá su regeneración; y luego se creará un gran parque forestal de dominio y uso público con una superficie de algo más de la mitad del total del sector, es decir, 550.000 metros cuadrados.

El resto del terreno se dedicaría a la denominada Ciudad de la Tecnología, diseñada para "actividades de investigación y desarrollo" vinculadas, entre otros objetivos a la Universidad y que generarían decenas de puestos de trabajo. Unos fines, sin embargo, que no se concretan en dicho convenio firmado entre el Ayuntamiento y los promotores.

El Concello asegura que con este acuerdo se atiende "a los intereses públicos y privados". Los intereses privados: antes era suelo rústico por lo que el aprovechamiento era nulo; ahora al convertirse en urbanizable este suelo sí genera edificabilidad y además lo hace contabilizando el total de la superficie, es decir, el millón de metros cuadrados. Es decir, un terreno sin valor pasa a tenerlo y además los propietarios de las canteras tienen derecho a indemnización por cesar su actividad.

Para compensar estos intereses privados están los objetivos públicos: el parque forestal, el cese de actividad de las canteras y su gran impacto ambiental y la generación de empleo gracias a la Ciudad de la Tecnología.

El convenio firmado el pasado día 17 entre el Concello y los promotores también establece que éstos deben destinar a la reforestación y adecuación del parque forestal como mínimo 1,5 millones de euros. En este parque habrá sendas peatonales y espacios de "estancia, disfrute y estudio de la naturaleza".

La ficha del planeamiento advierte de que la reforestación se realizará con "especies autóctonas" y añade que las cubiertas de las edificaciones (se destina a uso terciario, industrial y comercial) "serán preferentemente ajardinadas para que estén integradas.

Los propietarios deberán incorporarse además a la junta de compensación y cuando estén aprobados definitivamente tanto el proyecto de urbanización como el de compensación para adjudicar los aprovechamientos, las canteras tienen de plazo para cesar su actividad hasta el 31 de diciembre de 2016.

El convenio también especifica los plazos para realizar este gran proyecto: los propietarios se comprometen a presentar el plan parcial para desarrollar este ámbito en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del plan general; y las bases y estatutos para constituir la junta de compensación estarán listas en tres meses desde la aprobación definitiva del plan parcial. Es decir, que el proyecto que surgirá tras la mayor recalificación de terreno del PXOM tiene la máxima celeridad.

Los datos catastrales muestran que el ámbito que ha sido recalificado incluye más de un centenar de parcelas de las que 61 son propiedad de los promotores: 43 pertenecen a empresas y 18 a las canteras.

Costa Coruña posee 13 parcelas, el 3,72% del total del ámbito; Promotora Urbanística Las Rías cuenta con 11 parcelas, que suman el 5,45% del total; y Anjoca, el mayor propietario, tiene 14 fincas que suponen el 7,49% del total del sector. El resto de la superficie del sector pertenece a propietarios que no han participado en el convenio, que pueden desconocer además.

Las tres canteras en explotación ocupan un total de 18 parcelas que suponen el 39,45% del total del ámbito. Estas explotaciones mineras se dedican a la extracción de roca, grava, arena y pizarras. En dos de ellas además están instaladas plantas de hormigón, una muy conocida, Morteros y Hormigones del Noroeste. Las canteras son Pescas (de Hermanos Arias), Prebetong (Corporación Noroeste) y Riotorto.

El suelo urbanizable delimitado de mayor superficie del plan es el de Penamoa con algo más de un millón de metros cuadrados pero éste sector ya estaba en el PXOM de 1998 y no se desarrolló por lo que el de la Ciudad de la Tecnología con 974.187 metros cuadrados es el de mayor superficie que recalifica el plan general.

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento y los promotores recalca que los dueños de las canteras existentes tienen derecho a ser indemnizados porque tendrán que cesar su actividad. En el anexo del convenio figuran los títulos de los propietarios así como informes económicos de lo que supondrá el fin de la actividad extractiva. Dos de las canteras ya han realizado la evaluación, no vinculante. Una de estas entidades asegura que el lucro cesante, el traslado de la maquinaria, las indemnizaciones por despido del personal, la compra de otros materiales a terceros, la pérdida de la planta de hormigón y otras eventualidades, suma 34 millones de euros. Otra cantera ha cifrado todos estos perjuicios en 42 millones de euros. Es decir, en total la indemnización que podría corresponderle a las dos explotaciones sumaría 76 millones de euros.

Lo más curioso es que al menos una de estas tres canteras, que opera desde los años cincuenta, carece de licencia municipal. Es decir, que el Concello indemnizará al propietario de una cantera ilegal y además le recalifica su terreno. En la documentación adjunta al convenio urbanístico el propietario de una de las minas reconoce que solicitó al Concello hace tan sólo dos meses una certificación urbanística a los efectos de "legalización" de dicha cantera.

El pasado mes de junio entró en vigor un real decreto sobre rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras que obliga a los dueños de canteras a elaborar y costear un plan de restauración y a depositar un aval. Al recalificar los terrenos el coste de esta restauración no será a cargo de las canteras sino que se repartirá entre el conjunto de propietarios.