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MARCOS OTERO | A CORUÑA La Xunta ha admitido los escasos resultados obtenidos por el plan antifurtivismo en la ría de O Burgo desde que inició su funcionamiento. Lo verbalizó ayer la conselleira de Mar, Rosa Quintana, quien justificó el fracaso de la política para frenar la actividad de los furtivos en la ría por las características especiales de las aguas de A Pasaxe. Quintana manifestó que la "problemática distinta" de O Burgo ha impedido lograr resultados que sí se han conseguido en el resto de rías gallegas. La presencia de dos poblados chabolistas en los márgenes de la ría convierte la situación de O Burgo en "muy complicada", según afirmó ayer la conselleira para explicar los motivos por los que la Xunta no ha alcanzado los resultados esperados.
Para revertir la situación, Rosa Quintana anunció la intención del Gobierno gallego de plantear una modificación del Código Penal, de manera que la actividad de los furtivos sea tipificada como delito. La conselleira, durante una reunión mantenida ayer en el edificio administrativo de la Xunta en Monelos acerca de la situación de la ría de O Burgo, señaló que su departamento trabaja actualmente en colaboración con el fiscal de Medio ambiente para justificar ante las Cortes Generales esta posible modificación del Código Penal.
Hasta que no se materialice el cambio en el texto legal, la conselleira indicó que la mejor estrategia contra el furtivismo en O Burgo pasa por un plan coordinado de actuación entre todos los organismos implicados. Es por ello que la Consellería convocó ayer en Monelos a todos los agentes involucrados en la situación que atraviesa la ría: Administraciones estatales, autonómicas y locales; cuerpos de seguridad del Estado; y colectivos profesionales. Todos ellos expusieron sus soluciones a la problemática, que tras esta primera toma de contacto no se ha materializado en acciones concretas. A los lamentos por la ausencia de marisco con la talla mínima en las aguas de A Pasaxe del patrón mayor de la cofradía coruñesa, Manuel Cao, respondió la conselleira, quien apeló a la "conciencia" de los ciudadanos para adquirir productos obtenidos a través de los canales legales y normalizados.
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