JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ TAÍN
Frente a lo que podría desprenderse de las opciones barajadas como salida a la crisis del Alakrana, la división de poderes en el Estado moderno no responde a razones de optimización de medios, ni a criterios de economía de inversión en función de resultados. Como ha pasado mucho tiempo, y cada vez interesan menos las ciencias humanísticas, nos olvidamos de que la razón por la que Montesquieu promulgó la separación de poderes fue porque dicha separación, unida a la consagración constitucional de los derechos fundamentales, constituye el pilar fundamental del Estado de Derecho como oposición al poder absolutista. Espero no estar aburriéndoles.
Es muy sencillo; si garantizamos que los derechos fundamentales no los puedan tocar ni quienes gobiernan; y al mismo tiempo dividimos el poder del estado y lo repartimos entre órganos distintos, y a la vez iguales en rango, tendremos la absoluta seguridad que ninguno de estos poderes podrá convertirse en despótico. Así, el Legislativo se limitará a elaborar las normas, que no es poco; el Ejecutivo las aplicará y ejecutará la administración ordinaria del Estado -ingente tarea si se hace bien-; y el Judicial interpretará las leyes, con libertad e independencia -si le dejan-.
Si rompemos esas reglas, aun en aras de intereses muy loables y humanos, podremos decir que vivimos en un Estado democrático -eso sí- pero no en un Estado de Derecho. Para ser Estado democrático basta con poder elegir al gobernante. Lo verán claro con un ejemplo: Venezuela es un país democrático, al igual que Irán y que Francia, pero seguro que ustedes son capaces de encontrar algunas diferencias entre ellos, aunque no sean Ocón de Oro.
Digo esto porque durante los días que duró el secuestro del Alakrana se barajaron posibilidades únicamente viables en regímenes "democráticos" indicando, paso a paso, lo que debía de hacer o no hacer tal o cual tribunal. Comenzando por el hecho no suficientemente aclarado de quién decidió someter a la Justicia española a los dos presuntos piratas detenidos -está claro que la Fiscalía no- continuando por la petición de que se suelte sin más a imputados, y finalizando por el dictado desde algún poder del Estado, de qué era lo que debían hacer los tribunales. Si la Justicia se representa con una venda en los ojos, es porque su balanza no puede atender a otra cosa que no sea la Ley. Adoptar decisiones en función de los intereses en juego y la conveniencia del momento está prohibido a los tribunales, aunque sea el modo normal de actuar de un Gobierno. Esta prohibición es lo que garantiza que cualquier persona, al sentarse en un banquillo, sea éste civil, penal, contencioso, o laboral, vaya a ser mirado con el mismo cariño e imparcialidad que su oponente, aunque enfrente tenga al mismísimo Estado español.
Les pongo otro ejemplo y ustedes disculpen la personalización: hace ya cinco años que cesé en mi destino en Vilagarcía de Arousa. Y pese al largo tiempo transcurrido, esta semana pasada la Audiencia Nacional dictaba sentencia en un asunto que yo instruí. Condenatoria, por supuesto. Durante estos largos cinco años, amigas de Vilagarcía, Vilanova, Cambados y otros muchos hermosos pueblos de mi ría se cruzaban a menudo con los más de veinte imputados de dicha causa, camino del cementerio donde iban a llevar flores a sus hijos muertos por la droga. Durante esos largos cinco años, tragaban la bilis de ver cómo gente que se había enriquecido con la misma droga que mató a sus hijos estaba libre, porque la Audiencia Nacional está colapsada de trabajo. A los dos piratas detenidos se les va a juzgar en menos de cuatro meses porque conviene al Estado. Yo no comparo casos, porque precisamente mi trabajo lo tiene prohibido. Yo no digo -ni siquiera lo pienso- que uno u otro asunto sea de mayor relevancia. Sólo digo que alguien le ha levantado la venda a la Justicia, aunque sea un poco, para que colara un asunto y lo juzgara delante de muchos otros miles, que están esperando pacientemente.
Decía Cervantes por boca del Quijote: "hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más Justicia que las informaciones del rico". Simple y claro. Los tribunales estamos para aplicar Justicia con una venda en los ojos, sea cual sea la situación. Porque si cambiamos las reglas, el sistema deja de ser de derecho y de aportar seguridad. Puede que un asunto como el Alakrana nos parezca justificable, lógico y sencillo, pero ello es porque están en juego sentimientos muy humanos; el peligro radica en que no es, ni mucho menos ha sido, el único asunto en el que se intenta levantar la venda de la Justicia, y una vez abierta la veda, cualquier disparo es peligroso. Para empezar, habría que decidir quién va a tener la capacidad para determinar que asuntos son los que hay que sacar de la generalidad para aplicarles un "cariño" específico. ¿Le competerá al Gobierno?, ¿al Legislativo?, ¿a la "opinión pública"?, ¿o a la "intención de voto"? En segundo lugar, ¿se limitará la indicación a señalar que dicho asunto ha de tratarse con "cariño" o se podrá especificar en concreto que solución judicial se va a dictar? Incluso me pregunto, ¿podría el juez afectado alegar objeción de conciencia y en consecuencia abstenerse de intervenir en el asunto, o deberá limitarse a obedecer y callar?
En España hay miles de extranjeros condenados que han solicitado que se les cambie la pena de prisión por la de expulsión del país y se les ha denegado. La práctica totalidad de ellos lo son por delitos de mucha menos gravedad que la piratería. Yo mismo esta semana he negado tres expulsiones. He tenido que razonar jurídicamente según el texto y la finalidad de la Ley las razones de tal negativa. Los afectados tienen el derecho de poder recurrir mi decisión, en base a razones jurídicas y de legalidad, y otro tribunal revisará el asunto guiándose únicamente por las normas vigentes en España. El juego es justo, transparente e igual para todos. Si cambiamos las reglas para un asunto concreto, ¿con qué legitimidad le digo yo a miles de personas que a ellos no les puedo expulsar al igual que a otros? Muchos jueces quedaríamos en ridículo. En el caso Alakrana, repito, puede que nos parezca más justo flexibilizar las leyes, pero con ello estaremos haciendo un agravio comparativo a miles de personas.
La misma justificación para cambiar las reglas que todos podemos ver en un asunto tan humano como el Alakrana, otros la verán en la sentencia del Estatut, y otros en temas de delincuencia con corbata, y sólo quien nunca haya cedido, tendrá la catadura moral suficiente para decir que las normas son las normas y son iguales para todos.
