MARÍA PARDO | A CORUÑA Un hombre se sentará el martes de la semana que viene en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia provincial por haber presuntamente abusado de su hijastra de siete años y de una sobrina, también menor de edad.

El representante de la Fiscalía reclama que sea condenado a 22 años de prisión por dos delitos continuados de abusos sexuales y otro intentado con penetración. Pide además la acusación pública que el sospechoso indemnice a cada una de las dos víctimas con 30.000 euros y que no pueda acercarse o comunicarse con ellas y sus familias por un plazo de diez años por encima de la pena de prisión que le sea impuesta por el tribunal.

El procesado inició en 2003 una relación sentimental en Rumanía con una mujer que tenía una hija de una relación anterior. La pareja se trasladó a España un año después y en 2005 llegó la menor. Sostiene el fiscal que durante los meses de septiembre y octubre de ese año, el acusado, aprovechando que se quedaba a solas con la niña porque la madre se iba a trabajar, le hizo tocamientos por todo el cuerpo, la besó en la boca y le introdujo los dedos en la vagina. Los hechos sucedieron presuntamente en el domicilio familiar, situado en Arteixo, cuando la menor tenía siete años.

El escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública indica que "es imposible determinar" el número de ocasiones en que abusó de la menor, aunque precisa que, en al menos una ocasión, el procesado trató de copular con ella, aunque no fue capaz debido a la desproporción entre sus órganos genitales y los de la víctima.

La segunda menor de la que presuntamente abusó, a finales de 2005, fue una sobrina. Su esposa y un hermano de ésta tuvieron que regresar a Rumanía debido a la muerte de su padre, por lo que la menor, de nueve años, quedó a cargo de su tío. Durante esta convivencia, el hombre abusó de ambas niñas, a las que hizo tocamientos, sostiene el fiscal. El procesado fue expulsado de España por carecer de los permisos necesarios en febrero de 2006, antes de que se presentase la denuncia. En enero de este año, fue entregado por Rumanía a las autoridades españolas.