El PP exige saber por qué el Gobierno no reformará la Fábrica de Tabacos

REDACCIÓN | A CORUÑA La desaparición de los Presupuestos del Estado de la partida que debía financiar la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos mueve al Partido Popular a preguntar al Gobierno si la decisión del Ayuntamiento de instalar allí los juzgados de la ciudad supone que no habrá fondos estatales para reformar el inmueble.

Los populares recuerdan que el Concello y el Ministerio de Vivienda firmaron en 2006 un convenio para restaurar el antiguo complejo industrial, pero que la inversión no se ha llevado a cabo desde entonces.

La diputada del PP en el Congreso Belén do Campo pone de relieve que el Gobierno local anunció hace seis años que la vieja factoría sería reformada para albergar todas las oficinas municipales que no se encuentran en el palacio de la plaza de María Pita, tras lo que luego se suscribió el acuerdo con Vivienda, mediante el que el Estado debería aportar 5 millones de euros y el Ayuntamiento otros 20 millones.

Do Campo sospecha que el cambio de planes del alcalde, Javier Losada, quien ahora opta por ubicar en el inmueble de A Palloza las dependencias judiciales coruñesas, supone que el convenio con el Estado queda anulado y que tendrá que ser la administración autonómica quien se haga cargo en exclusiva del coste de la rehabilitación.

Con el fin de recabar datos sobre la situación actual de esta iniciativa, la parlamentaria popular reclama a Vivienda que informe por qué no se ha ejecutado la recuperación de la fábrica y en qué fecha se concluyó la redacción del proyecto, así como el número de reuniones mantenidas entre representantes de ese ministerio y del Ayuntamiento sobre ese tema y las personas de ambas administraciones que participaron en ellas.

Do Campo recuerda que el grupo municipal del PP preguntó al Gobierno local acerca de esta cuestión en el pleno del pasado mes de diciembre, sin que la oposición haya recibido una contestación por parte del alcalde, al que la diputada acusa de "obligar a los gallegos a asumir en solitario" el coste de la reforma del edificio, así como de tolerar que el Gobierno incumpla su promesa de cofinanciar el proyecto.