MARCOS OTERO | A CORUÑA
El futuro acceso por carretera al puerto exterior obligará a expropiar los más de tres centenares (353) de parcelas afectadas por la construcción de la vía que unirá de manera directa las instalaciones de punta Langosteira con la autopista A Coruña-Carballo (AG-55) y de modo indirecto -a través de la primera- con la A-6, la autovía de Madrid. La cifra de propietarios afectados por las expropiaciones para la construcción del vial es inferior al número de bienes y derechos relacionados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) en el pliego de cláusulas administrativas del proyecto. Lo que ocurre es que simplemente, en algunos casos, los dueños de las propiedades que serán expropiadas lo son de varias parcelas.
El Ministerio de Fomento, tras anunciar el pasado 19 de diciembre la licitación del proyecto por valor de 66 millones de euros, convoca ahora a todos esos propietarios para el levantamiento de actas previo a la ocupación de terrenos. Lo hace en varias jornadas, dado el volumen de particulares y empresas afectados por el futuro vial de acceso al puerto exterior, y en lugares distintos como consecuencia del ámbito municipal en el que se encuentran. La mayoría de citados a partir del próximo mes de febrero pertenecen al Ayuntamiento de Arteixo, pero también los hay del de A Coruña. No en vano, estos últimos vecinos serán los primeros en asistir al procedimiento de incoación de expropiación forzosa elaborado por el Ministerio de Fomento. La cita está fijada el 10 del mes que viene, entre las 10.30 y las 11.00 horas, en el Palacio municipal de María Pita. A partir del día siguiente, y hasta el 19, les tocará el turno a los expropiados pertenecientes al municipio de Arteixo. También están citados en la casa consistorial, pero en su caso el censo sensiblemente superior de afectados fuerza a que las sesiones de levantamiento de actas se alarguen desde las 09.30 hasta las 13.30 horas e incluso en horario de tarde.
Todos los convocados, según el anuncio publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deben comparecer el día y a la hora señalada bien de manera personal o habiendo delegado su representación en otra persona, que en su caso deberá aportar los elementos acreditativos pertinentes. Todos los afectados por las expropiaciones deberán a su vez aportar la documentación necesaria que acredite la titularidad de las parcelas incluidas por el Ministerio de Fomento en la lista de propiedades condicionadas por la construcción del acceso por carretera del puerto exterior.
Los cálculos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre exponen en el pliego de cláusulas administrativas que las expropiaciones costarán la cifra exacta de 2.133.400,73 euros, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Fomento y siempre y cuando ninguno de los particulares presente alegaciones a la suma preparada de inicio por el Gobierno central. La elaboración del proyecto de construcción de la futura carretera ya supuso un foco de conflicto entre los vecinos, la Xunta y los Ayuntamientos de Arteixo y A Coruña contra el Ministerio de Fomento. Finalmente, y en vista del anuncio de licitación del mes pasado, el Gobierno ha accedido a construir la carretera en la opción que planteaban los anteriores.
Son tantas las parcelas afectadas por la construcción del puerto exterior que el catálogo de valoraciones calculadas por los técnicos del Ministerio de Fomento oscila desde las cantidades más modestas hasta las cifras más abultadas posibles en materia de expropiaciones para la construcción de obra pública. La suma final que obtendrán los afectados por la construcción del acceso por carretera a Langosteira depende en buena medida de los metros cuadrados de la parcela y de la clasificación urbanística de los terrenos. En el caso del vial que unirá las futuras instalaciones portuarias de punta Langosteira con la autopista A Coruña-Carballo (AG-55) y la A-6, el 100% de las parcelas incluidas en la relación de propiedades que serán expropiadas para la obra corresponden a suelo rústico, sin ninguna excepción, lo que rebaja considerablemente la cantidad que recibirán los propietarios por parte del Ministerio de Fomento.
De esta forma, el abanico oscila desde los 144 euros que abonará el Gobierno por 60 metros cuadrados de matorral clasificados como rústicos hasta los 374.066,58 euros que abonará al propietario de más de 61.000 metros cuadrados de terreno de labranza. La suma también varía si afecta a construcciones establecidas como bodegas, cierres de fincas, portales o depósitos, por citar algunos de los ejemplos incluidos en el pliego de cláusulas administrativas publicado el pasado mes de diciembre por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt).
.gif)
