Los vecinos de Orillamar, Monte Alto, Atochas y la Torre se muestran, al igual que otros barrios de la ciudad, inquietos por la restricción de alturas en los inmuebles que fija el nuevo plan general. El alcalde defendió ayer los argumentos de su concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, aunque sin responder a la pregunta de si va a retirar la propuesta que deja a miles de viviendas coruñesas fuera de ordenación. "Me remito a lo que muy bien ha dicho la concejal", contestó Javier Losada a los periodistas. La edil responsable alega que la reducción del número de pisos del nuevo ordenamiento mejora la "calidad" urbanística de la ciudad e intenta solventar la "sobreedificación" que provocó el plan anterior. Para Taboadela, la reducción de alturas "garantiza" los derechos de los propietarios, algo que denunció el Partido Popular. La oposición entiende que los dueños de los inmuebles verán menguado el valor de su patrimonio. En primer lugar, explicó Carlos Negreira, la ley impide usar como aval una vivienda fuera de ordenación. En segundo lugar, añadió el valor del solar se reduce hasta un 33% en caso de demolición.