JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ | A CORUÑA
Las sucesivas resoluciones judiciales que obligan a la demolición de la gasolinera de la calle Gregorio Hernández no hacen variar de postura al Gobierno local, que mantiene su intención de legalizar la instalación mediante su adaptación a la normativa urbanística. En respuesta a una pregunta del Partido Popular sobre esta cuestión, el Ejecutivo municipal asegura que los técnicos del Ayuntamiento se proponen "ajustar la concesión al nuevo viario y a los determinantes de la misma en suelo urbano".
Con esta iniciativa, el equipo de gobierno pretende hacer frente a las razones esgrimidas hace dos años por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para ordenar el derribo de la estación de servicio, que son su ubicación en un lugar prohibido por la legislación, el tamaño excesivo del edificio y de su marquesina, así como la situación inapropiada de los surtidores y de los depósitos de combustible.
La gasolinera fue construida en 1988 y en 1996 fue objeto de una ampliación. Vecinos de la zona decidieron recurrir contra su actividad y lograron una sentencia favorable en 2001, aunque la empresa que explota la instalación, Cepsa, presentó un recurso de súplica que fue desestimado al entender que las obras realizadas ocho años después de la apertura tan sólo tenían por finalidad adaptarla a la nueva ordenación del tráfico aplicada por el Ayuntamiento en esa zona.
Es precisamente esa regulación circulatoria a la que hace mención ahora el Gobierno local para justificar la necesidad de corregir la situación legal de la estación de servicio, que carece de licencia para desarrollar su actividad pese a que la lleva a cabo desde hace 22 años. La insistencia del Ayuntamiento en buscar una alternativa a la demolición choca con las tesis defendidas por el Tribunal Superior, que en todos sus pronunciamientos desde 2001 manifiesta que la gasolinera es ilegal y que deben tomarse "las medidas conducentes al restablecimiento de la legalidad", en referencia a su desaparición.
Para el Partido Popular, la actitud del equipo de gobierno en este caso supone un intento de "legalizar una situación ilegal a través del nuevo Plan General de Ordenación Municipal" y considera esta actuación similar a la puesta en práctica con el edificio Conde de Fenosa, cuyo derribo también ha sido ordenado por los tribunales. Los populares estiman que los componentes del Gobierno local "no aprenden" por su intento reiterado de corregir la situación irregular de construcciones mediante iniciativas que califican de "chapuzas urbanísticas".
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los depósitos de combustible de CLH situados frente a la refinería advirtió al Ayuntamiento de que no puede conceder licencias municipales a instalaciones sobre las que existe una orden judicial de derribo, solución que pretendía adoptar en este caso, así como en el inmueble Conde de Fenosa. El Alto Tribunal español señalaba que las posibilidades finales de legalizar este tipo de construcciones dependen de un fallo judicial y no de la mera iniciativa municipal.
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