PABLO LÓPEZ | A CORUÑA
El fiscal solicita una pena de siete meses para un hombre acusado de acosar a su ex pareja mediante llamadas telefónicas y regalos. La mujer denunció que el procesado acudía casi todos los días a las inmediaciones de las zonas que frecuentaba y que le había enviado un ramo de flores, a pesar de que la relación entre ambos había terminado hacía una década.
El primero de los intentos para retomar la relación sentimental con la víctima fue, según aparece en el escrito de acusación, una llamada telefónica. El acusado, siempre según informa la Fiscalía, no consiguió recuperar el amor de su ex pareja, que supuestamente le respondió "que no quería saber nada de él y que habían terminado hacía más de diez años".
La rotunda respuesta negativa no sirvió para que el procesado desistiera de sus intenciones. El fiscal explica que el acusado, días después de la llamada telefónica, comenzó a "merodear" por las proximidades del lugar de trabajo de la mujer, algo que hizo que ésta se pusiera nerviosa.
"Originó la lógica intranquilidad de la mujer, que se vio obligada a modificar algunos de sus hábitos", expone el fiscal en el escrito de acusación, en el que precisa que los paseos del acusado estuvieron acompañados de nuevas llamadas telefónicas.
El envío de un ramo de flores fue el punto culminante del plan supuestamente trazado por el acusado para retomar la relación con su ex pareja. El romántico obsequio fue enviado sin el nombre del remitente, aunque la mujer lo rechazó al constatar que la letra de la tarjeta era la del procesado.
El acusado se encuentra actualmente sometido a tratamiento psiquiátrico, después de que los médicos determinaran que padece una enfermedad mental. "Fue diagnosticado de trastorno delirante de tipo persecutorio y se encuentra a tratamiento en la actualidad", explica el fiscal, que añade, sin embargo, que no consta que esta dolencia afectara a sus facultades mentales cuando ocurrieron los hechos.
El juez de instrucción ya había prohibido al acusado aproximarse a menos de 500 metros de la supuesta víctima, de su domicilio o de su lugar de trabajo; así como contactar con ella por teléfono o por cualquier otro medio.
El fiscal, que considera que el acusado debe ser condenado por un delito de coacciones, reclama ahora un total de siete meses de prisión, así como el pago de la cantidad de 600 euros como indemnización por el daño moral causado a la denunciante.
El Ministerio Público solicita además que se mantengan las prohibiciones de que el procesado se aproxime a su supuesta víctima y de que la llame. La inhabilitación para la tenencia de armas completa la lista de peticiones de la Fiscalía.
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