REDACCIÓN. A CORUÑA
El grupo municipal del Partido Popular exigió ayer al Gobierno local que materialice la anulación de la nueva normativa que regula las alturas de los edificios antes del 18 de febrero, día en que concluye la exposición pública de la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y, por tanto, se agota el plazo para presentar alegaciones. Para los populares, lo contrario supondría que el Ejecutivo municipal practicase "el timo de la estampita" con los coruñeses, sobre todo con aquellos cuyos edificios se quedarían fuera de ordenación en caso de aplicar la normativa de alturas tal cual aparece reflejada ahora en la revisión del planeamiento.
Durante una visita a la plaza de Vigo, donde concejales del PP repartieron folletos con su versión sobre el plan general, el edil popular Julio Flores exigió al alcalde, Javier Losada, que cumpla su promesa de retirar esa regulación de alturas "por escrito y antes de que finalice el plazo de alegaciones el próximo 18 de febrero".
"Si el alcalde quiere rectificar y devolver a los ciudadanos los derechos legítimos de su propiedad -señaló Flores en alusión a la devaluación de los edificios por esa normativa-, lo que tiene que hacer es poner la propuesta por escrito encima de la mesa, como máximo, la semana que viene, para que los ciudadanos tengan la información suficiente y decidan presentar alegaciones o no, en función de la propuesta concreta del gobierno municipal".
El concejal popular puso como ejemplo de los efectos de esa norma de alturas a la zona del Ensanche, "en la que están afectados más del 80% de los edificios". "Excepto uno -agregó-, todos los demás edificios que rodean la plaza de Vigo están fuera de ordenación".
Flores también demandó de la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, una aclaración sobre cómo piensa el Gobierno local revisar esta disposición del plan general.
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