EUROPA PRESS
El Ayuntamiento de A Coruña se incorporará desde hoy a otras ciudades españolas en las que es posible sustituir el cumplimiento de penas de tráfico por trabajos sociales en beneficio de la comunidad, según informó el Consistorio coruñés, que prevé que 177 personas se acojan, anualmente, a este programa.
El alcalde de A Coruña, Javier Losada, y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, suscribieron hoy en Madrid el convenio mediante el cual el Ayuntamiento herculino se sumará a esta iniciativa, puesta ya en marcha en ciudades como Sevilla o la capital española.
Mediante este convenio, será posible conmutar penas de cárcel, en su práctica totalidad por delitos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, por otras penas sustitutorias consistentes en trabajos sociales y para la comunidad.
Según recoge el convenio, una de las posibilidades previstas en el vigente Código Penal que evita el ingreso en prisión es el denominado 'Trabajo en Beneficio de la Comunidad', que consiste en una pena privativa de derechos cuya imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública, lo que se traduce, a su vez, en la imposición de determinado número de jornadas de trabajo.
Las sanciones y medidas penales alternativas tienen como objetivo final la reeducación y reinserción social "ya que se trata de penas para cumplir en sociedad y con beneficios para la propia comunidad", indica el Ayuntamiento de A Coruña en un comunicado.
ACTIVIDADES
El gobierno municipal coruñés prevé que, al año, 177 personas participen en este programa, durante el cual desarrollarán su actividad "en horario laboral, sin percibir salario y sin sustituir puestos de trabajo ni competir con el mercado laboral", señala en su comunicado.
Entre otras funciones, está previsto que se encarguen de colaborar en programas de educación vial para escolares y mayores, control de señalizaciones de tráfico, control de plazas de estacionamiento para minusválidos, apoyo a tareas preventivas en Protección Civil y Bomberos, colaboración con programas y actividades en los centros cívicos, control y ayuda en obras en vías públicas, y atención al público y mantenimiento en los museos científicos.
La duración de las jornadas de trabajo puede ir desde el máximo de ocho horas hasta cuatro y en cualquier día de la semana. Según el Consistorio coruñés, las personas que se acogen a este tipo de medidas suelen ser "condenados en su mayor parte por delitos contra la seguridad del tráfico y con un trabajo regularizado de ocho horas". En cuanto a su nivel de estudios, la mayoría de ellos tiene formación universitaria o cualificación profesional.