REDACCIÓN | A CORUÑA
El Ayuntamiento desoye la orden de derribo de la gasolinera de la calle Gregorio Hernández impuesta hace dos años por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Lejos de acatar la sentencia, el Concello trata de subsanar por la vía administrativa las irregularidades detectadas. La Junta de Gobierno Local concedió un permiso a los propietarios para ajustar la estación de servicio a las licencias otorgadas con anterioridad y al viario actual.
El Superior ordenó en 2008 al Concello la demolición de la gasolinera porque tanto la ubicación como las dimensiones del edificio y de la marquesina son ilegales. El fallo también detectó irregularidades en la situación de los surtidores y en los tanques de combustibles. El asunto llegó a los tribunales hace nueve años, cuando vecinos de la zona denunciaron el caso.
El Superior ya requirió entonces al Ayuntamiento que tomase medidas para legalizar la estación, pero a la vista de que el Gobierno local hacía caso omiso a sus advertencias, ordenó en 2008 el derribo de la gasolinera. El Concello insiste ahora en intentar de nuevo la legalización de la estación -Cepsa es la concesionaria del servicio-.
La junta de gobierno también acordó destinar 610.000 euros a programas sociales: 380.000 euros para sacar a concurso la contratación del servicio de teleasistencia a domicilio durante dos años; 150.000 para convocar las subvenciones para la cooperación internacional; y 80.000 euros para ayudas destinadas a la reinserción.
En la sesión se aprobó ampliar hasta diciembre el plazo para ejecutar el proyecto de musealización de la Torre. Según el Ayuntamiento, faltan informes de la Xunta y del Gobierno. También se acordó la reforma de la plaza de As Lagoas y la reurbanización de las calles Alameda y Arévalo, en Pescadería.
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