TANIA SUÁREZ | A CORUÑA
Una multa de 2.160 euros y 2.000 euros por las costas del juicio. Eso es lo que tendrá que abonar un promotor inmobiliario que hizo la vida imposible a los vecinos de un edificio de Os Mallos para obligarlos a que vendiesen sus pisos. El abogado del procesado, que reconoció los hechos, llegó a un acuerdo sobre la condena con el de las víctimas, por lo que el juez dictó sentencia oral en la sala y el juicio no llegó a celebrarse.
"Nos dijo que si no queríamos vender tendríamos que atenernos a las consecuencias porque nos metería a cualquiera en el piso. Nos dijo que no iban a ser médicos ni abogados", aseguraron ayer los afectados en los Juzgados. El condenado, de iniciales I.P.L., compró el segundo piso del inmueble de cuatro viviendas situado en la calle Santander con la intención de adquirir todo el bloque, ya que su promotora es propietaria de otros edificios de la zona.
Los vecinos se negaron a venderle sus casas por los 60.000 euros que les ofrecía, ante lo que reaccionó alquilando su piso a dos jóvenes de etnia gitana. "Lo que vivimos fue algo horrible. Tuvimos que cambiar las tuberías tres veces porque echaban toda la comida por ellas, había manchas de sangre por los pasillos y jeringuillas, además de los ruidos que hacían", relataron los perjudicados, que renunciaron a todas las indemnizaciones que pudiesen corresponderles por estos hechos. "No venimos por el dinero, sino para que le queden antecedentes y no lo vuelva a repetir porque sabemos que lo hizo en más sitios y que engaña a personas mayores para comprarles los pisos por muy poco dinero", afirmaron.
Los inquilinos del procesado, que residieron en el edificio cinco meses, dejaron abiertos los grifos, lo que provocó que se inundase la vivienda situada en el primer piso. Los jóvenes, que también fueron condenados a pagar 960 euros por cometer dos faltas de defraudación y dos de daños, manipularon el interfono del portal para que sonase continuamente. "Lo que nos hicieron pasar fue increíble. Subían y bajaban personas a todas horas. Alguna vez tuve que llamar a la policía para que me viniese a buscar para ir al trabajo porque no podía salir de mi casa", contó una de las vecinas afectadas.
El juez también impuso a los inquilinos, a los que defendió el letrado José Ramón Sierra, el pago de una indemnización de 86,39 euros a Emalcsa porque precintaron el contador y conectaron el agua de forma ilegal, así como el abono de 60,60 euros a Fenosa por enganchar la electricidad. El fiscal solicitaba al magistrado que les impusiese a los tres procesados un año y seis meses de cárcel, pero finalmente llegó a un acuerdo sobre las penas con los implicados.
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