TANIA SUÁREZ | A CORUÑA
El edificio de Nuevos Juzgados se quedará pequeño en 2011, según las previsiones de creación de nuevas unidades judiciales. El juez decano, Antonio Fraga Mandián, subraya que es "inasumible" la constitución de otra sede judicial, por lo que solicita a la Xunta que cuando el inmueble de la calle Monforte esté al tope de su capacidad instale de forma provisional en el edificio Proa las nuevas dependencias judiciales que se creen en A Coruña. "Tenemos la Audiencia, el anexo, los Juzgados, el registro y el Proa. La creación de una sexta sede judicial es inviable", subraya el portavoz de los jueces, quien afirma que hay que "aprovechar Proa al máximo".
Con el traslado del registro civil a la plaza de Vigo, el edificio de Nuevos Juzgados ganó espacio para alojar nuevas dependencias. El Consejo General del Poder Judicial concedió el año pasado a Galicia nueve plazas, de las que una será para A Coruña. En 2010 se creará el Juzgado de Instrucción número 8, reclamado desde hace años. La apertura de esta nueva unidad judicial está confirmada, pero el juez decano, Antonio Fraga Mandián, todavía tiene esperanzas de que la ciudad pueda inaugurar este año otro juzgado más, que sería el de Primera Instancia número 13.
Los jueces proponen a la Xunta ubicar las nuevas sedes en el edificio Proa, situado en Matogrande, hasta que se inaugure una única sede judicial. Los técnicos de la Xunta estudian rehabilitar la Fábrica de Tabacos para que albergue todos los juzgados de A Coruña. El proyecto aún no se ha aprobado, por lo que se desconoce la fecha en la que el edificio estaría preparado para ubicar las unidades judiciales. Fraga Mandián insiste en que hasta esa fecha es importante que no se creen más sedes.
La Xunta paga al mes 49.320 euros por el alquiler de cuatro plantas del edificio Proa. El arrendamiento se firmó con la empresa propietaria del edificio construido por Fadesa, Santander Banif Inmobiliario, en abril de 2008, durante la etapa en la que Emilio Pérez Touriño presidía el Gobierno gallego. El actual delegado de la Xunta, Diego Calvo, aseguró que el contrató está blindado y que la Administración no puede rescindirlo hasta el 1 de marzo de 2011 porque si rompe el acuerdo deberá abonar 2,5 millones. El próximo año el Ejecutivo gallego tendrá que decidir si renueva el contrato o busca nuevas sedes.