TANIA SUÁREZ | A CORUÑA
Los juzgados de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo paralizaron ayer su actividad debido a la rotura de una tubería del sistema general de aire del edificio Proa, por el que la Xunta paga un alquiler mensual de 49.320 euros. "Se suspende la actividad judicial por causa de fuerza mayor", se leía en las puertas de las instalaciones, que suspendieron los diez juicios que tenían programados. Los funcionarios y las personas que fueron citadas para participar en los procesos judiciales se amontonaron en las puertas del inmueble, situado en Matogrande, desde primera hora de la mañana. "Cuando llegamos a trabajar ya estaba todo inundado. El agua caía por las paredes del edificio y los ascensores estaban parados", relata una de las trabajadoras de los juzgados de lo Contencioso-administrativo.
"Retiramos las cosas del despacho del juez. En una de las habitaciones caía el agua a chorros. Fue una de esas situaciones imprevistas que no te queda más remedio que aceptar", dice Carlos Giralda, secretario del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña. Giralda denuncia que el Proa tiene "deficiencias" y que el sistema de aire acondicionado no funciona. "Cuando entras en el edificio hay dieciséis grados y cuando sales ya hay treinta", destaca el secretario judicial. Los funcionarios de esta unidad trasladaron algunos expedientes del despacho del juez para evitar que se mojasen y los amontonaron en uno de los pasillos en los que no entró el agua.
El delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informaron de que el agua no dañó documentos judiciales en papel. Calvo, no obstante, advirtió de que la inundación pudo estropear algunos ordenadores. "Cuarenta o cincuenta equipos informáticos pueden estar afectados. Los técnicos están comprobando si hay daños porque el agua se acumuló en el suelo y pudo dañar algunos cables", admitió el representante del Gobierno gallego en la provincia.
"Lo que pasó fue vergonzoso porque hasta que llegaron los técnicos la gente subió por los ascensores mojados y por las escaleras, por donde caía el agua como si fuese una cascada. No sé cómo alguien no investiga a fondo todo esto", subraya Margarita Romay, una de las funcionarias que trabaja con menores. La mayoría del personal de las plantas afectadas por la inundación abandonó su puesto de trabajo antes de las doce de la mañana. Los magistrados de las unidades judiciales decretaron el cese de la actividad.
Los técnicos y los servicios de limpieza acudieron a primera hora de la mañana al edificio. Los empleados subían y bajaban de una planta a otra cargados con aspiradores gigantes, cubos y fregonas. Los operarios vaciaron las salas de los juzgados más afectadas por el agua, que caía del techo y se filtraba por las paredes. En algunas zonas del edificio levantaron parte del suelo. Los guardias jurados prohibían la entrada a las plantas inundadas. "Cumplo órdenes y nadie puede entrar hasta que esté todo limpio", decía uno de los encargados de seguridad. Tanto el Tribunal Superior de Xustiza como el Gobierno gallego impidieron a los medios de comunicación el acceso a las zonas afectadas. El alto tribunal informó de que el Juzgado de lo Mercantil prevé retomar su actividad el lunes y aseguró que estarán disponibles "la mayor parte" de las unidades de lo Contencioso-administrativo.
Inspección de Trabajo ya advirtió en mayo de 2008 de las deficiencias en los sistemas de ventilación y climatización que tiene el edificio. El Gobierno central denunció que una de las empresas instaladas en el inmueble cometió una "infracción grave" por haber superado "los límites de exposición a agentes nocivos". Los funcionarios de los juzgados se opusieron a su traslado al Proa y una de las razones que esgrimieron fue el deficiente estado de las instalaciones. La Xunta bipartita les aseguró que acondicionaría el edificio antes de ubicar allí los juzgados de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo y se comprometió en mayo de 2008 a modificar el sistema de climatización. Inspección de Trabajo realizó el informe sobre los problemas que sufrían los trabajadores del edificio a petición de los sindicatos.
El Gobierno emitió un acta de infracción a la empresa de telemarketing Eurocen con propuesta de sanción debido a la "ineficacia del sistema de ventilación del edificio, la alta temperatura de los locales, las variaciones en la velocidad del aire y la ausencia de protección en los cerramientos acristalados, sin adoptar las medidas de prevención adecuadas e infringiendo la normativa". En el informe los técnicos hicieron constar que en una ocasión un problema con las bocas de ventilación del sistema central de climatización provocó que los trabajadores sufriesen dolores de cabeza, taquicardias, mareos y algún desmayo.
La Xunta bipartita se comprometió entonces a subsanar las carencias del Proa, pero los funcionarios afirman que "todo sigue igual". El Gobierno gallego insistió ayer en que es arrendatario del inmueble y que el contrato, que está prácticamente blindado, lo firmó el Ejecutivo presidido por Emilio Pérez Touriño. La Administración sólo puede rescindir el convenio, que expira el 1 de marzo de 2011, si abona 2,5 millones de euros al propietario del edificio, En la actualidad, la Xunta paga a Santander Banif Inmobiliario 49.320 euros mensuales, es decir, 591.840 al año, por cuatro plantas -de la quinta a la octava-, con una superficie total construida de 2.533 metros cuadrados, es decir, 663,25 metros cuadrados por piso.
El delegado del Gobierno gallego contactó tras la inundación con la propietaria del edificio construido por Fadesa, Santander Banif Inmobiliaria. La compañía desplazó al Proa a sus técnicos para que realicen un informe sobre los daños. Calvo destaca que la empresa debe responder por el deterioro que sufrió el edificio. "La inundación la provocó una tubería del sistema general, por lo que es responsabilidad de la empresa propietaria", subrayó el delegado provincial.
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