RUBÉN GARCÍA | A CORUÑA
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó en octubre de 2008 la demolición de la gasolinera de la calle Gregorio Hernández y dio al Ayuntamiento un plazo de quince días para hacer efectiva la sentencia. Casi año y medio después, el Concello no sólo desoye el fallo judicial sino que además ha buscado una fórmula administrativa para tratar de legalizar la estación. El Gobierno local concedió una licencia a Cepsa para reducir en un 20% la superficie de la instalación, de los 1.054 metros cuadrados actuales a los 840, y eliminar uno de los seis tanques de suministro.
Los magistrados dejaron claro que existen irregularidades en la estación de servicio: por las dimensiones del edificio y de la marquesina y por la situación de los surtidores y de los tanques de combustible. El proceso judicial arrancó hace nueve años tras la denuncia de unos particulares. Todas las sentencias que se han dictado desde entonces fueron contrarias a Cepsa y el Ayuntamiento. Al final, el alto tribunal gallego ya optó por ordenar la demolición del recinto. Sin embargo, en la Junta de Gobierno Local del 12 de marzo, el Concello concedió licencia de actividad y para la realización de obras. Su objetivo, corregir los desajustes que advirtieron los magistrados sin necesidad de realizar el derribo.
El Ejecutivo local establece la necesidad de efectuar cuatro cambios en el proyecto. Las obras en la gasolinera de Gregorio Hernández consisten en la reducción de la estación en 214 metros cuadrados; la supresión de una isleta de punto de servicio por la disminución de espacio; y la "merma" de un tanque y la modificación del acceso de salida para ajustarse al viario actual.
El servicio de Urbanismo basa la concesión de la licencia en una sentencia del Tribunal Superior de 2001, cuando ordenó al Ayuntamiento la adopción de "las medidas conducentes al restablecimiento de la legalidad". Sin embargo, el fallo posterior, de 2008, no sólo advierte de las irregularidades en la gasolinera, sino que ya reclama su derribo, es decir, que no es suficiente con modificar su ubicación y dimensiones.
En su fallo de octubre de 2008, el Tribunal Superior concedió quince días de plazo para empezar la demolición y decretó la suspensión de la actividad "de manera inmediata". Ni los intentos de la empresa concesionaria por convencer a los magistrados sirvieron, pues en mayo del año pasado desestimaron un recurso de súplica de Cepsa e insistieron en que era preciso derribar la gasolinera de Gregorio Hernández.
En el expediente de la Junta de Gobierno por el que se otorgó a la empresa las licencias de actividad y de obra se incluye un informe firmado por el edil de Infraestructuras, Esteban Lareo, en el que reclama a Cepsa que solicite las licencias para ajustarse a la legalidad. La orden municipal se emitió en agosto de 2008, dos meses antes de la sentencia del Superior que decretó el derribo, por lo que la reclamación de Infraestructuras ha quedado desfasada. Entonces, el Ayuntamiento advirtió a la concesionaria de la posibilidad de demoler las obras ejecutadas sin licencia si no hacía caso a su requerimiento.
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