Un coruñés está acusado de recibir al menos 17 envíos de las tarjetas falsas que una banda copiaba a usuarios de autopistas. El fiscal solicita que el hombre, que será juzgado en la Audiencia Nacional junto a los otros once detenidos en la operación, sea condenado a once años de prisión. La Fiscalía le imputa un delito de expedición de moneda falsa y otro delito continuado de estafa. Los agentes que desarticularon el grupo, liderado por una pareja de Burgos y varios rumanos, detuvieron al coruñés tras intervenir sus teléfonos móviles.
"Recibía múltiples envíos de paquetes con tarjetas falsificadas, por lo que además de usarlas con ánimo de lucro se dedicaría a su expedición", asegura el representante del Ministerio público, quien destaca en su escrito de calificación sobre los hechos que la Guardia Civil de A Coruña comprobó que él mismo recogía algunos de los paquetes que le enviaban desde Burgos. Los agentes localizaron en el domicilio del imputado, situado en la calle Camariñas, en Monte Alto, efectos "relevantes sobre su implicación en la actividad delictiva" como extractos de su cuenta corriente en los que figuran transferencias a los líderes de la banda.
Los guardias civiles también hallaron pruebas en una vivienda de O Burgo que el imputado, que está defendido por el letrado Manuel Ferreiro, compartía con otros dos implicados en la operación. En la casa localizaron 650 euros "producto de su ilícita actividad", dos ordenadores portátiles, un arma detonadora y efectos que el fiscal sospecha que fueron adquiridos "fraudulentamente".
La sección de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil inició la investigación a raíz de la denuncia presentada por el subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad de la Sociedad Servired, en la que comunicaba el fraude detectado por la falsificación de tarjetas magnéticas de los usuarios de la autopista de Audasa. La desarticulación del grupo organizado comenzó cuando los agentes investigaron los diferentes establecimientos de toda España en los que se usaron los documentos falsos.
La Fiscalía asegura que el fraude denunciado asciende a 32.666 euros aunque los procesados intentaron operaciones por un total de 65.948 euros. Los servicios financieros de Carrefour denunciaron que adquirieron en algunos de sus centros de forma fraudulenta productos por valor de 1.546 euros. El Ministerio público pide al tribunal de la Audiencia Nacional que imponga a los doce procesados penas de entre doce años y medio y once años de cárcel.
