La sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada ayer aprobó de manera definitiva la reparcelación del parque ofimático. La decisión adoptada fuera del orden del día esconde la solución para esquivar el obstáculo judicial que estuvo a punto de paralizar el proceso de urbanización de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la ciudad y el de mayor envergadura de todos cuantos contiene el plan general todavía vigente, el de 1998.

Con el visto bueno otorgado por los concejales a este nuevo proyecto de reparcelación, el Ayuntamiento esquiva la sentencia dictada por el Supremo el 14 de diciembre que obligaba al Gobierno local a dividir las 400 parcelas del parque ofimático por obviar del proceso al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a quien no reconoció como propietario.

El Concello reconoce con esta decisión los términos de la sentencia e incluye al organismo público dependiente de Fomento en la lista de beneficiarios por las expropiaciones. Tal y como publicó LA OPINIÓN en enero, al Gobierno no le quedaba más remedio que anular la parcelación por menospreciar los más de 11.000 metros cuadrados propiedad de Adif calificados como sistema general ferroviario. El Concello se vio obligado a negociar una compensación con Adif tras la sentencia del Alto Tribunal.

La decisión de la junta de gobierno, según admitieron ayer fuentes municipales, supone el reconocimiento por parte del Consistorio del derecho del organismo público a obtener una compensación por sus parcelas, incluido el aprovechamiento urbanístico. La concejal en esta materia, Obdulia Taboadela, apuntó que la medida permite a los propietarios comenzar a registrar sus parcelas y supone un impulso para un proyecto que se extiende desde hace varios años. "Los procesos urbanísticos son largos y complejos", se disculpó la edil ante los micrófonos de Radio Coruña.

Taboadela evitó dar una fecha para el comienzo de las obras en el parque ofimático, pero recordó que los costes de urbanización de todo el sector ascienden a 45 millones de euros y son responsabilidad de los propietarios de las parcelas. La mitad de estas últimas pertenecen al Instituto Galego da Vivenda e Solo, que tiene previsto construir alrededor de 1.200 viviendas de protección autonómica. Se levantarán también otras 800 libres y el desarrollo del plan parcial aprobado por el Ayuntamiento para todo el sector admite un máximo de 2.432 inmuebles entre los barrios de Eirís y Matogrande, muy cerca de Alfonso Molina.