La Interpol busca a una gallega y a un paquistaní acusados de amañar bodas

TANIA SUÁREZ A CORUÑA La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) busca a una pareja acusada de organizar bodas de conveniencia en A Coruña entre ciudadanos paquistaníes y chicas con escasos recursos económicos. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 solicitó ayuda internacional para capturar a los imputados porque sospecha que huyeron a algún país extranjero. Los sospechosos se fugaron antes de que les fuese notificado el auto de procesamiento de la juez, es decir, las conclusiones a las que llegó la magistrada de Instrucción número 7 tras investigar los hechos.

El auto se dictó el pasado 22 de febrero, pero los imputados nunca lo recibieron porque están en paradero desconocido. La pareja también incumplió la obligación de presentarse cada quince días en los juzgados. La gallega y el paquistaní están acusados, junto a otra pareja, de ser los cabecillas de la banda que captaba a mujeres que se encontraban "en una situación de necesidad" para ofrecerles unos 1.500 euros por contraer matrimonio con ciudadanos paquistaníes que carecían de permiso de residencia en España.

La juez sostiene que los imputados, que estuvieron asistidos por el letrado Diego Reboredo, del despacho de José Ramón Sierra, también se encargaban de organizar las ceremonias y de tramitar la documentación a los extranjeros, que les pagaban unos 3.000 euros. La magistrada consideró que los párrocos que casaron a las parejas fueron engañados. Los sospechosos organizaron todas las bodas en cinco parroquias coruñesas gestionadas por sacerdotes de avanzada edad.

Si la Interpol localiza a la pareja deberá ponerla a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña en un plazo máximo de 72 horas desde su detención. En el caso de que los procesados fuesen puestos a disposición de otro juzgado que en ese momento esté de guardia, deberá ordenar su ingreso en prisión. Los imputados tenían los pasaportes retenidos por el Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, que también les había impuesto la prohibición de abandonar el territorio nacional.

La juez imputa a los fugados y a otra pareja también formada por una gallega y un paquistaní un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de falsedad documental y otro de usurpación de estado civil. Los sospechosos estuvieron en prisión provisional por estos hechos desde el 27 de noviembre de 2008 hasta finales de diciembre de 2009.

Los párrocos que oficiaron los enlaces también fueron investigados, pero la juez concluyó que desconocían la trama. Los sacerdotes declararon que ignoraban que las bodas eran amañadas y aseguraron que estaban convencidos de que las parejas se casaban por amor. Los curas explicaron ante la magistrada que casaron a los novios de acuerdo con todas las normas de la religión católica. Los imputados organizaban los enlaces en iglesias porque los trámites para celebrar bodas civiles son más complicados, ya que los funcionarios tienen potestad para realizar preguntas a los novios con el fin de cerciorarse de que han mantenido una relación antes de contraer matrimonio.

Los procesados contactaron con la mayoría de las mujeres en la calle o en un bar situado en Os Mallos que regentaba una de las parejas procesadas. Las chicas que dieron el sí quiero a ciudadanos paquistaníes son veinteañeras y muchas de ellas tienen niños a su cargo. Una de las jóvenes que aceptó la oferta de las parejas era menor de edad. Los acusados negaron su implicación en los hechos en las declaraciones que prestaron ante la juez.