TANIA SUÁREZ | A CORUÑA
Serán los jueces y no los ciudadanos los que decidan sobre la culpabilidad de Antonio Prado Riveiro y Adriana Amenedo, acusados de asesinar a martillazos y cuchilladas a una pareja en Betanzos, descuartizar sus cadáveres y arrojarlos a un vertedero de Covas. Así lo decidió la sección segunda de la Audiencia Provincial, que rechazó la petición de la Fiscalía en la que exigía que los presuntos homicidas fuesen enjuiciados por un tribunal popular.
Pablo Freire, el abogado que defiende a la familia de una de las víctimas, Claudia Alejandra Castelo Castro, se mostró satisfecho con la decisión de la Audiencia. "Así se ofrecen más garantías a los familiares de las víctimas y no se mete a ciudadanos en cuestiones que son muy complicadas", subrayó el letrado.
La Audiencia justifica su decisión porque considera que el objetivo de los procesados era sustraer los objetos de valor que las víctimas guardaban en su domicilio, no asesinarlas. Los delitos de robo son competencia de los jueces, por lo que este caso, según el tribunal, también lo es. Los ciudadanos deben pronunciarse sobre delitos de asesinato, pero cuando el fin último de los sospechosos sea otro deberán ser enjuiciados por magistrados.
"Si el delito fin no es competencia del jurado, el caso deberá ser juzgado por un tribunal profesional aunque el acusado se enfrente a delitos atribuidos al tribunal del jurado", subraya la sección segunda de la Audiencia Provincial. La juez que investigó el crimen ya dio por concluida la investigación. La magistrada acusa a Prado Riveiro y Amenedo de asesinar y descuartizar a José Manuel Gómez Rodrigo y Claudia Alejandra Castelo Castro. Los acusados le robaron a sus víctimas una furgoneta, dinero y efectos personales que tenían en su vivienda.