RUBÉN GARCÍA | A CORUÑA
La Corporación municipal deberá volverse a ver las caras en el salón de plenos antes de las vacaciones de verano. Será el próximo martes en una sesión extraordinaria en la que se aprobará de forma definitiva la ampliación del presupuesto en catorce millones, de los que 2,62, casi el 20%, se destinarán al pago de facturas irregulares. El Ayuntamiento tiene que efectuar este trámite administrativo para rechazar las alegaciones presentadas por el Partido Popular. Desestima todas las propuestas de la oposición bajo el argumento de que la forma de distribuir los fondos públicos es una labor que corresponde "jerarquizar" al Gobierno local.
La aprobación de un modificativo de crédito con la llegada del verano es una práctica habitual que arrancó durante las mayorías absolutas del PSOE y que prosiguió tras la entrada del BNG en el Ejecutivo municipal. La oposición demandó al Concello que apueste con esos catorce millones por implementar las políticas sociales y le pidió un plan para el control de los reconocimientos extrajudiciales. El informe de los técnicos subraya que en sus alegaciones el PP no cuestiona la forma en que se aprobó el expediente ni advierte de que los ingresos sean insuficientes para hacer frente a los gastos presupuestados.
El Ayuntamiento argumenta que la oposición sólo plantea otra forma de distribuir el dinero: "La reclamación presenta una serie de propuestas alternativas de asignación de créditos, pero esta labor es una labor que corresponde jerarquizar al Gobierno municipal". Para la aprobación inicial del modificativo, la Intervención General del Ayuntamiento sí advirtió en su informe de que las facturas irregulares deben ser sólo una salida "excepcional" y que, en esta ocasión, se tomó por "omisión de los trámites esenciales" o sin la "preceptiva fiscalización previa".
En la práctica, las facturas extrajudiciales se refieren a gastos ejecutados sin autorización previa, sin crédito presupuestario adecuado y suficiente para su realización, contratos previamente aprobados y adjudicados cuyo crédito fue insuficiente, y a la prestación de servicios contratados de forma irregular porque su tramitación no se realizó en tiempo y forma.
En el nuevo informe de la Concejalía de Hacienda, se justifica otra vez la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales, que en esta ocasión asciende a 2,62 millones, de los que la mayor parte, 2,33 millones, se dedica a la aportación municipal al bonobús: "Las obligaciones económicas que ahora se reconocen en este trámite vienen acompañadas de las razones que a juicio de cada servicio justifican una actuación excepcional al procedimiento ordinario".
El Partido Popular siempre ha criticado que aprobar una modificación del presupuesto a mitad de ejercicio y pagar facturas extrajudiciales evidencia la mala gestión que realiza el Gobierno municipal de los fondos públicos.
En 2009, se vivió una situación parecida a la actual. Entonces, el alcalde, Javier Losada, advirtió de que se continuaría con estas contrataciones irregulares: "El término reconocimiento extrajudicial suena muy mal, es un gasto que no ha tenido una tramitación ajustada a todos los requisitos, lo cual no significa que sea ilegal. Siempre hay un porcentaje de facturas que intentaremos que sea menor". Sin embargo, las facturas irregulares han pasado de los 2,32 millones del año pasado a los 2,62 que se aprobarán definitivamente en el pleno del próximo martes.