TANIA SUÁREZ | A CORUÑA
La Policía Local y la Xunta no se ponen de acuerdo sobre quién debe garantizar la seguridad en el edificio de Nuevos Juzgados, por lo que el inmueble permanece vigilado por agentes de sesenta años que tienen un contrato de segunda ocupación. La magistrada del Juzgado de Menores es consciente, al igual que el resto de trabajadores, de la falta de seguridad que hay en el edificio, por lo que decidió solicitar ayuda a la Policía Nacional para custodiar al menor que el pasado 27 de mayo agredió a la secretaria del juzgado. La funcionaria precisó asistencia médica y tuvo un brazo en cabestrillo.
En esa ocasión el juicio se suspendió, ya que el adolescente intentó pegar a los familiares de su ex pareja. El joven volvió a acudir ayer a los juzgados custodiado por seis agentes de la Policía Nacional en activo que se sumaron a las labores de vigilancia que realizaron los que están en régimen de segunda ocupación. El menor se alteró cuando vio a los familiares de su ex novia que lo denunciaron por amenazas y lesiones, pero la presencia policial solicitada por la juez evitó que se originase otro altercado.
El adolescente se sentó en el banquillo de los acusados, pero el juicio no se celebró porque su abogado llegó a un acuerdo sobre la pena con el representante del Ministerio público. El acusado aceptó el pacto y reconoció los hechos, por lo que la juez dictó sentencia oral en la sala. Así, el adolescente fue condenado por amenazar a su ex novia y a su familia y por agredir a la actual pareja de la chica a dos años de internamiento en régimen abierto. La pena, no obstante, quedará suspendida si firma un contrato en Suiza y se va a trabajar allí. En el caso de que no logre empleo tendrá que dormir durante dos años en el centro de menores.
El representante del Ministerio público solicitaba en su escrito de calificación sobre los hechos una condena de dos años de internamiento en un centro en régimen semiabierto, es decir, que sólo podría salir de las instalaciones para trabajar o estudiar.
El joven estuvo custodiado por seis agentes de policía porque la juez solicitó ayuda al 091, ya que había riesgo de que el imputado originase otra pelea. Los magistrados, no obstante, exigen a la Xunta y a la Policía Nacional que destinen a agentes al edificio de Nuevos Juzgados porque la mayoría de las veces no se prevén las trifulcas. El juez decano, Antonio Fraga Mandián, asegura que sería necesario que dos agentes realizasen rondas por todas las plantas del inmueble de la calle Monforte para intervenir con la mayor brevedad posible en las peleas.
Los policías con contrato de segunda ocupación denuncian que el edificio carece de protección, ya que ellos sólo están capacitados para vigilar el acceso a los Juzgados. "Somos como vigilantes jurado, no tenemos ninguna capacidad operativa", resaltan los funcionarios de sesenta años que están todos los días en el arco de seguridad que hay en la entrada del inmueble.