TANIA SUÁREZ | A CORUÑA
La Audiencia Nacional condenó al Estado a indemnizar con 95.000 euros -16 millones de las antiguas pesetas- a cada uno de los tres acusados de falsificar billetes que permanecieron casi dos años en prisión y que fueron absueltos. Los sospechosos fueron detenidos en enero de 2005 en una oficina de correos de la ciudad cuando enviaban dinero a Nigeria. Los billetes con destino África eran auténticos, pero la Guardia Civil localizó en sus domicilios dinero falso y líquidos que presuntamente utilizaban para clonar efectivo.
Los arrestados fueron acusados de cometer un delito de fabricación y distribución de moneda falsa y otro de estafa. Un juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y un año después la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los condenó como autores de un delito de falsificación de moneda. El tribunal consideró que los billetes hallados en las viviendas de los imputados podrían ser confundidos con unos legítimos y que los productos químicos eran adecuados para su falsificación. Los condenados, sin embargo, recurrieron el fallo y la sala segunda del Tribunal Supremo absolvió a los sospechosos ocho meses después.
Los magistrados del alto órgano judicial sostienen en la sentencia que las sustancias y los líquidos intervenidos en los domicilios de los procesados no guardaban "relación alguna con la fabricación de moneda falsa". El Supremo asegura que los billetes falsos localizados en las casas de los detenidos son "fotocopias decoloradas en su impresión con relación a los billetes auténticos y con notables diferencias en la conformación de dibujos y en las señas dispuestas para evitar su falsificación como sellos de agua, hilo metálico y otros que en las fotocopias no aparecen". El alto tribunal subraya en el fallo que carece de pruebas que acrediten que los acusados fabricaron billetes, por lo que decretó su absolución.
Los magistrados del alto órgano judicial destacan que el dinero que los procesados iban a enviar a Nigeria cuando fueron detenidos en A Coruña era auténtico y afirman que el material que la Guardia Civil localizó en sus viviendas es insuficiente para condenarlos. En cuanto el Supremo dictó la absolución de los imputados su abogado presentó un recurso para reclamar una indemnización por el año, nueve meses y 21 días que permanecieron en prisión. El letrado exigía al Estado que les abonase 492.123 euros más los intereses, ya que sus clientes ingresaron en la cárcel en enero de 2005 y abandonaron el centro penitenciario en octubre de 2006.
La Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso interpuesto por el abogado de los acusados y condenó al Estado a pagarles 285.000 euros más los intereses por los daños y perjuicios que sufrieron durante el tiempo que estuvieron privados de libertad.