La Xunta retoma el proyecto anterior de realojar a los vecinos de Elviña en su zona

La Xunta retomará el plan anterior para realojar en la zona a los vecinos de Elviña expropiados para la construcción de la residencia universitaria. Una condición que los damnificados por la obra anteponían a la desocupación pacífica de lo que, hasta ahora, han sido sus casas. En el plazo de un mes, el Gobierno gallego les presentará el borrador de un proyecto en el que se recogerá el realojo definitivo de los expropiados cerca de donde han crecido. Si lo aceptan, los damnificados tendrán todavía un mes más para abandonar sus casas y, una vez que lo hayan hecho -nunca antes-, comenzarán las obras de construcción de la residencia

GEMMA MALVIDO | A CORUÑA La Xunta retomará el proyecto pactado con el Gobierno anterior de realojar a los expropiados de Elviña en su entorno, según aseguró el presidente de la asociación de vecinos de la zona, Carlos Maceiras, ayer, tras la reunión que mantuvieron los afectados por la construcción de la residencia universitaria con el delegado territorial de A Coruña, Diego Calvo.

"Dentro de un mes nos van a hacer entrega de un borrador sobre el documento que ya había (redactado durante la presidencia de Emilio Pérez Touriño) en el que se nos garantiza el realojo definitivo en nuestro entorno", comentó Maceiras. A partir de que los vecinos acepten esta propuesta y se reúnan de nuevo con la Xunta para dar su visto bueno al proyecto tendrán otro mes más para desocupar sus casas y para trasladarse a sus viviendas de realojo temporal mientras no se termine la construcción de la residencia universitaria y de las casitas que el Gobierno gallego, creen los vecinos, construirá definitivamente para ellos. Una portavoz de la Xunta, sin embargo, no confirma que se levanten finalmente estas viviendas, aunque confía en que se construyan.

Dos de los doce vecinos expropiados en la zona de Elviña llevaban cuatro días ya viviendo casi de prestado en sus casas; en su poder, tenían la carta de la Xunta que les anunciaba que las máquinas podrían entrar en sus tierras en cualquier momento. Calvo, sin embargo, les había garantizado que las obras no empezarían hasta que el plan de realojo no estuviese aprobado y, para tranquilizarlos, se reunió ayer con ellos y firmó un acta con todo lo acordado en la cita.

En claro sacaron los vecinos otra cosa: que el Instituto Galego de Vivenda e Solo se haría cargo de una parte del alquiler de las residencias que ellos eligiesen para pasar el tiempo que le lleve a la Xunta poner en pie las que, finalmente, serán sus casas. La opción que les proponía el Gobierno gallego -aunque no como temporal, sino como definitiva- y que los expropiados rechazaron desde el principio, era la de ocupar unos pisos de protección oficial en régimen de alquiler en la avenida Salvador de Madariaga, lejos de los campos y de las fincas por las que, muchos de los vecinos, corrieron a lo largo de sus vidas.

Los expropiados aseguraron que no se irían de sus casas, que tendrían que echarlos "a la fuerza" si antes no tenían en sus manos el compromiso de la Xunta de que serían realojados en su entorno. "Lo dijimos siempre: no nos iremos hasta que se haga el realojo definitivo en la zona, porque terrenos para hacerlo, los hay", aseguró ayer el presidente de la entidad vecinal.

Lo que les prometió también ayer el delegado de la Xunta a los afectados por la remodelación del campus de Elviña es que el proyecto, a diferencia de lo que se estaba haciendo, no se trataría globalmente, sino que se intentaría agilizar, sobre todo, la parte que afecta a la construcción de la residencia universitaria -y no a la del parque tecnológico- que es la que toca directamente a los expropiados.

Lo que no tienen claro los vecinos es qué parte del alquiler les pagará el Instituto Gallego de Vivenda e Solo, que es el máximo establecido por ley para un inmueble que los vecinos consideren apropiado para pasar los meses de transición entre sus antiguas casas y las que la Xunta les entregará como compensación por haberles expropiado las que ellos -o sus abuelos o familiares- habían construido en unos terrenos que, algunos, creen que llevan sus apellidos desde hace ya más de un siglo y es que la mayoría de los afectados por la residencia universitaria son personas mayores que, según aseguraron a LA OPINIÓN la pasada semana, no se podían imaginar la vida más allá de los prados en los que, a diario, crían sus animales, plantan sus lechugas y tomates o tienen sus negocios, como Perfecto Gómez, que tiene casi ochenta años y que mantiene el último molino de la ciudad que todavía trabaja.

Otros, como Luis Gómez, decidieron hace unos años irse a vivir a la casa en la que se había criado con sus abuelos. La orden de desalojo le llegó ya, aunque ahora la Xunta le garantiza que le queda, cuando menos un mes más.