-¿Por qué razón decidió la familia llevar a los tribunales el caso de la admisión en el colegio Hijas de Jesús?

-En un primer momento solicitó al colegio que revisara las irregularidades y no hicieron nada. Luego fue a la Jefatura Territorial de Educación y a la consellería y tampoco le hicieron ningún caso, por lo que se encontró con que tenían tres niños estudiando cada uno en un centro distinto. Ante la tomadura de pelo de que la consellería ni siquiera le contestase, el padre decidió recurrir a los tribunales.

-¿No llegaron a contestar tan siquiera a sus requerimientos?

-Ni el colegio ni la consellería contestaron a ninguno de los escritos que se presentaron, por lo que decidió continuar su lucha en el juzgado, aunque pensando en que no llegaría más lejos, aunque al final ha habido una sentencia que es muy clara.

-¿Cree posible que la Xunta recurra la sentencia?

-Sí, pero sólo con recurrir ya se pondrá de parte de los infractores, cuando la consellería siempre ha animado a las asociaciones de padres a denunciar y a reclamar estas situaciones, mientras que cuando se demuestra una de ellas se pone de parte del infractor. Si finalmente recurre, cuando dentro de dos años el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vuelva a dictaminar otra vez, el problema va estar ahí, por lo que sólo se lo van a quitar de encima durante un tiempo.

-Pero el problema podría alargarse aún más si se decide recurrir hasta el Tribunal Supremo.

-El caso se puede demorar hasta un máximo de tres o cuatro años, después de agotar todos los recursos, pero al final el problema seguiría ahí, aunque ahora se lo quieran quitar de encima.

-¿Cree que la sentencia puede tener consecuencias prácticas para la familia al haber transcurrido ya dos años desde que ocurrieron los hechos?

-Creo que no, porque tras recibir la sentencia el padre intentó que se le diera una solución al problema de tener tres niños en tres colegios distintos cuando él nunca hizo ninguna trampa y no se le dio ninguna, momento en el que decidió hacer público el fallo judicial. No pretendemos que se eche a los veinte niños que fueron admitidos de forma irregular como ordena la sentencia, porque aunque los padres hicieran trampa, ellos no son los culpables.

-¿Pretenden entonces dar un toque de atención a la Administración con esta sentencia?

-Queremos hacerla reflexionar y que se cumpla lo que está en la Ley. Con que controlen cuatro papeles, ya se sabe si es verdad, no con el empadronamiento, que se puede hacer en casa de un amigo, mientras que si se piden unos recibos es mucho más sencillo de comprobar.

-El delegado de la Xunta explica que cuando se presentan documentos oficiales como el padrón hay una presunción de veracidad y que no se pueden comprobar todas las solicitudes.

-En este caso, el padre informó al colegio de que había 20 casos en los que existían irregularidades y el colegio no los comprobó, al igual que la Jefatura Territorial y la Consellería de Educación, cuando es lo mínimo que habría que hacer. Además, si les hubieran pedido esos cinco papeles que digo, no podrían haber demostrado que cumplían las normas, por lo que la consellería tiene su parte de culpa al no garantizar exactamente que se cumplan.

-¿Piensa entonces que hubo dejadez por parte de la Administración en este caso?

-Totalmente. Entendemos que los padres intenten tener a sus hijos en el colegio más cercano posible, pero al final quienes cumplen las normas son los que se quedan fuera.

-¿Cree que esta sentencia puede llevar a que Educación establezca unos controles más efectivos o a que tome alguna medida en este sentido?

-Yo creo que implantar esos controles sería sencillo para la Administración, ya que con pedir unos cuantos recibos sería posible comprobarlo.