"¿Se puede conducir un petrolero como una lancha?". Es la respuesta de un especialista a la pregunta de para qué sirve un área metropolitana legalmente constituida. Todos reconocen la nueva forma de ciudad, con lazos de dependencia entre A Coruña y sus vecinos, que deben ser articulados. Incluso Ayuntamiento y Xunta se llegaron a plantear una ideal, teórica, eurorregión que incluyese Carballo y Ferrol. Pero, a pesar de que han invertido tiempo, palabras, rifirrafes, despacheos y cartas en intentar, siempre sin éxito, llegar a un acuerdo, no se han parado a explicar a los ciudadanos el beneficio económico y social de crear la renombrada área metropolitana. Mientras, muchos vecinos la reinterpretan como una especie de invento político para liberar palabrería, soltarse soplamocos en público y, finalmente, no hacer nada. Y eso que, sólo en términos de rentabilidad económica, en la futura área de Vigo, se calcula que los concellos que la conformen se ahorrarán casi cinco millones de euros anuales.

Áreas metropolitanas de España. La nueva forma de ciudad es un volumen que analiza la transformación territorial y social de las urbes españolas y cómo las administraciones se han ido quedando atrás en la gestión de la nueva realidad. Su autor es Fermín Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, quien explica que sólo se trata de "reconocer la realidad, reconocer la nueva forma de la ciudad, para poder gestionar mejor esa realidad". "Si decidimos viajar en un barco, tenemos que saber qué barco es, su eslora, su calado... si pensamos en conducir un petrolero con los conocimientos de un patrón de embarcación recreativa, ¿qué va a pasar?", advierte el catedrático, "el riesgo será muy alto, la cantidad de combustible será mayor...".

El profesor entiende que resolver problemas como la contaminación del agua, los residuos orgánicos, la energía, el aparcamiento, las zonas naturales, los vehículos, la seguridad... "todo necesita nuevas soluciones". Esta enumeración se podría trasladar a A Coruña: la ría de O Burgo, Nostián, el parque alto metropolitano del nuevo plan general, las actuaciones de los bomberos en zonas limítrofes, los tráficos, los últimos conflictos en los servicios sociales entre ayuntamientos por los realojos de chabolistas... "La ciudad ya no se identifica con Ayuntamiento", constata el catedrático ovetense, promotor de Ciudad Astur.

Todo depende de las competencias que la Xunta le quiera otorgar a esa área metropolitana, lo que podría ocurrir a costa de otras administraciones, como la local, la provincial y la autonómica. Y claro, competencia significa reparto de pastel, concursos, adjudicaciones y armas arrojadizas entre partidos. Este conflicto se dio en el caso de Barcelona, explica Fermín Rodríguez, donde hubo una entidad metropolitana de la que se deshizo el Gobierno de Pujol porque se había convertido en un contrapoder socialista a la Generalitat de CiU. También Madrid y Valencia tuvieron sus entidades, se disolvieron y ahora, al menos en el caso de la capital levantina, el tema vuelve a formar parte de la agenda política, al igual que en capitales andaluzas como Sevilla.

"No es cosa sólo de España, son soluciones que se han buscado o se están buscando en todo el mundo". Descartadas por espantavotos las fusiones de concellos (pasó en Canadá), la única área metropolitana que funciona como tal en España, con una ley autonómica que la respalda, es la de Barcelona, recuperada recientemente después del intento anterior abolido, como ya se ha dicho, en 1987. "Le ha costado cincuenta años", relata el autor de La nueva forma de ciudad.

Pero, finalmente, la ley establece que habrá un Consejo Metropolitano -con alcaldes y ediles de las 36 localidades que lo conforman- y que será el órgano que elija el presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), uno de los puntos conflictivos puesto que CiU abogaba porque el presidente siempre fuese el alcalde de Barcelona.

Otro punto clave de la ley son sus competencias urbanísticas puesto que realizará un plan director urbanístico metropolitano que, entre otras cosas, definirá criterios para el desarrollo urbanístico sostenible, configurará las políticas de vivienda económica y sentará las medidas de protección de suelo no urbanizable.

¿Sería posible un acuerdo metropolitano de tales características en A Coruña? ¿Qué competencias estaría dispuesta a ceder la Xunta de Galicia? Los estatutos del Consorcio metropolitano barcelonés se aprobaron en enero de 2009 pero la ley autonómica ratificada por unanimidad por el Parlament en verano de 2010 le da forma legislativa, carta de derecho, al nuevo ente pionero en España -que maneja un presupuesto anual de 1.500 millones de euros-. Esto todavía es un estudio en Vigo y sólo unas negociaciones infructuosas en la comarca de A Coruña.

En el caso de Barcelona, primero nació el Consorcio. Su primer objetivo fue coordinar a los tres entes metropolitanos existentes, que funcionaban independientemente: la Mancomunidad de Municipios (playas, parques, vivienda, estudios territoriales y urbanismo), la Entidad Metropolitana de Transporte y la Entidad del Medio Ambiente (servicios hidráulicos y tratamiento de residuos).

"Un municipio no puede convertir en cuello de botella al vecino", explica Ramón Torra, gerente de la mancomunidad barcelonesa, que considera que "la calidad de los servicios es más importante que abaratar costes".

Pero el objetivo teórico es crecer a partir de ahí y alentar otras actuaciones fuera de esas entidades consorciadas previamente, además de ejercer de representación de esos tres millones de habitantes e impulsar actuaciones "de planificación estratégica, promoción y desarrollo económico que permitan aprovechar todas las oportunidades para mejorar la calidad de vida y la competitividad del Área Metropolitana de Barcelona y de toda Cataluña".

En el caso de A Coruña, como tal, no hay servicios consorciados, aunque sí acuerdos puntuales en algunos temas como el turismo. Además, se está a la espera de que, entre finales de 2010 y principios de 2011, se ponga en marcha el consorcio metropolitano de transporte, algo de lo que lleva unos veinte años hablándose y que funciona desde hace tiempo en el entorno de muchísimas capitales de provincia, desde Andalucía hasta Asturias.

El otro ejemplo en la península ibérica es la Xunta Metropolitana de Oporto, que reúne a 16 municipios, que planifica o gestiona medio ambiente, cultura, ocio, residuos, agua, transportes... "Se produjo un claro ahorro financiero en proyectos comunes e intentamos buscar actuaciones supramunicipales, sobre todo de regeneración urbana, que abarcan a veces tres o cuatro municipios", relata Lino Ferreira, presidente de la Ejecutiva la entidad, que tramita las candidaturas a programas europeos, donde destacan sus proyectos en actuaciones de rehabilitación urbana.

El proyecto de Vigo todavía no es una realidad, es un proyecto de reordenación territorial que ya cuenta con un estudio de viabilidad realizado por profesores de Derecho de la universidad olívica que concluye que el área metropolitana podría ahorrarle cada año a los concellos entre 1,5 y 4,3 millones de euros gracias a la gestión mancomunada de ocho servicios.

Estas competencias que la Xunta pretende que tenga ese área metropolitana son servicios de agua, recogida de basura, promoción económica y empleo, turismo, servicios sociales, ordenación del territorio, planificación de infraestructuras y transportes, algunos en régimen de concesión y otros de gestión directa. Los autores del estudio concluyen que es condición indispensable que haya "colaboración" de la Xunta y de todos los ayuntamientos implicados, lo que obliga a superar las diferencias que han dilatado el proceso diez años.

El Ejecutivo autonómico tiene ahora un plazo de dos meses para analizar el estudio y ver si lo acepta íntegramente. El proceso está más adelantado que en A Coruña, ya con la Xunta por el medio, algo que no ha hecho todavía en el norte, en donde no ha encontrado "voluntad". Sin embargo, el consenso no es total puesto que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha prometido una alternativa a la ley del área metropolitana del Gobierno gallego el mes entrante, al considerar la propuesta autonómica "una estafa política para construir un área de tercera". Según sus deseos, la Diputación tendría una presencia "marginal" en Vigo.