El Consello Consultivo detecta irregularidades en la ampliación del presupuesto del Ágora

El Concello adjudicó la construcción del Ágora a Dragados en diciembre de 2008 por un importe de 8.282.400 euros. En julio de 2009, el Ayuntamiento propone una primera modificación del proyecto y encomienda su ejecución a Dragados. El coste se incrementa casi un millón de euros (983.293,72). Menos de un año después, el 21 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno local aprueba un segundo reformado, lo que supone que las cuentas iniciales crezcan 1.901.000 euros más.

Entra entonces en el proceso el Consello Consultivo, un órgano autónomo similar al Consejo de Estado, que tiene como objetivo velar por la legalidad de los actos administrativos. Su intervención es obligatoria en el caso de que la modificación del proyecto supere el 20% -en el Ágora, es de un 34,4%- y el presupuesto inicial sea mayor de seis millones de euros. Por unanimidad, la entidad ha emitido un informe "desfavorable" a la pretendida segunda reforma de proyecto. Y es que, a su entender, ninguna de las razones expuestas por el Concello coruñés obedecen a "causas imprevistas", las únicas que pueden justificar que Dragados continúe con la obra en el Agra sin finalizar el contrato y abrir una nueva licitación.

El Consello, presidido por María Teresa Conde-Pumpido, advierte de que las circunstancias alegadas para realizar una segunda reforma y ampliar el presupuesto, "lejos de ser imprevistas", habrían tenido que ser consideradas cuando se preparó el contrato o, llegado el caso, ya la primera vez que se decidió modificarlo, en julio de 2009.

El dictamen rebate algunas de las justificaciones municipales. Para empezar, critica que el Ayuntamiento coruñés vuelva a excusarse en la "complejidad e imprevisibilidad geotécnica del terreno que motiva cambios en la unidad de cimentación". Y es que, recuerda el Consello Consultivo, la primera modificación del contrato ya se debió a cuestiones relacionadas con el terreno y que ya entonces se hizo un estudio geotécnico, "que puso de manifiesto un terreno muy heterogéneo" y localizó agua en el subsuelo.

El órgano recuerda que fue el propio Concello quien señaló que estas modificaciones, introducidas en un primer momento, permitían "realizar la excavación y la cimentación con garantías de viabilidad". El Consello dictamina que "no puede admitirse" que una modificación del contrato "sirva para ocultar errores y faltas de previsión en los proyectos originales". Avisa al Concello de que hay que "extremar el rigor en la elaboración" de tales proyectos, "de modo que no sea preciso acudir sistemáticamente a la introducción de sucesivas reformas en ellos".

Nuevas necesidades

El fallo negativo del órgano consultivo repasa otras nuevas transformaciones del diseño original que, según Concello, necesitan la estructura metálica, el pavimento interior, la cubierta, las fachadas exteriores, la división de estancias el interior y la instalación eléctrica.

"A título de ejemplo", el órgano independiente explica que los cambios en el pavimento se deben a una serie de razones que, "en todo caso, serían mejoras o necesidades nuevas, pero no encajables en la imprevisibilidad". El Concello pretende cambiar el material del suelo y alega "mayor eficiencia y facilidad de ejecución, mejor conservación a medio plazo y reducción del peso".

El Concello pretexta que que la ubicación del centro a menos de un kilómetro de la costa obliga también a efectuar ciertos cambios en las fachadas exteriores. Es uno de los asuntos con los que el informe se muestra más crítico, al no entender cómo la ubicación del centro social no fue tenida en cuenta en la redacción del proyecto inicial.

"En cuanto a los cambios de la cubierta debido a las actividades que se van a desarrollar en el centro", concluye el Consello Consultivo, "estas actividades ya eran conocidas, ya que no se cambió el destino y uso comercial del centro municipal, por lo que ese cambio no se debe a causas imprevistas".

En su resolución, emitida el pasado mes de octubre, el órgano se muestra "sorprendido" porque "ni en el informe del arquitecto municipal ni en el informe de la asesoría jurídica" se hace mención a "causas imprevistas" y sí a "introducción de mejoras" o "necesidades nuevas", una justificación que quedó anulada con la aprobación de la nueva ley de contratos públicos.

El tirón de orejas al Ayuntamiento por modificar el contrato del centro sociocultural Ágora es un ejemplo más de una política municipal que se repite desde hace años y que consiste en ampliar el presupuesto de la obras- cuando es necesario reformar el proyecto- lo máximo que permite la ley para evitar un nuevo concurso y adjudicar la inversión a dedo a la empresa que ya ejecuta los trabajos. El mirador de Os Castros, el parque de Oza o el centro cívico de O Castrillón son tres ejemplos.

La Ley de Contratos de Administraciones Públicas obliga a abrir un concurso público cuando la modificación del proyecto supera en un 20% el presupuesto por el que se adjudicó la obra. La obra más cara de las que impulsó el Ayuntamiento en 2006 fue la ampliación del centro cívico municipal del barrio de O Castrillón, adjudicada a Ferrovial por casi 1,8 millones. Sin embargo, el Gobierno municipal aprobó modificar el proyecto, lo que encarecía la operación en un 39,92%. Para no tener que convocar otro concurso, en noviembre de 2007 dividió la reforma en dos expedientes: en el primero, aumentó en un 19,97% el presupuesto y, en el segundo, en un 19,95%.

Hubo un caso parecido hace un año. En octubre de 2009, la Junta de Gobierno adjudicó directamente a la empresa López Cao trabajos de reforma en el parque de Oza -reposición de pavimento y ejecución de una acera en una calle anexa-. El sobrecoste fue exactamente del 20%, en concreto, 207.800 euros. En el mirador de Os Castros, el Concello accedió este año a ampliar en un 19,99% la inversión inicial y gastó otros 67.817,24 euros. Desde María Pita, justificaron que el sobrecoste se debió a problemas de impermeabilización, para sustituir pavimento y colocar tres bolardos.