Desconocen si "la culpa" es del Ayuntamiento, como responsable del inmueble de protección oficial, o de Gas Natural Fenosa, como encargada del suministro; sin embargo, los vecinos del bloque 4 del número 145 de la avenida de Monelos no perdonarán que la compañía eléctrica cortase, desde las cuatro de la tarde del día de Nochebuena y hasta la mañana del lunes, la luz de su edificio "sin previo aviso" y sin comprobar si había alguien en los ascensores del bloque cuando los dejaron sin funcionamiento. Por este motivo, los afectados se reunirán hoy mismo para estudiar "el mejor modo" de presentar una demanda judicial contra Fenosa.

La compañía energética Gas Natural Fenosa declaró ayer a este medio que el corte de los suministros comunes -luz de la escalera, ascensores y portero automático- realizado el pasado viernes en el edificio de viviendas de Eirís se realizó porque "no existía contrato", a pesar de que el contador "estaba girando". Según fuentes de la entidad, hace dos días "se aclaró la situación existente con el Ayuntamiento, responsable del inmueble, y se indicó la necesidad de contratar", por lo que fue entonces cuando se repuso el servicio eléctrico.

El Ayuntamiento explicó hace dos días que "el bloque fue dado de alta en Fenosa el pasado mes de noviembre" y aseguró estar "al tanto de los pagos de la electricidad de las estancias comunes", que es la de su competencia. De hecho, señaló, el Gobierno local "tiene una cuenta habilitada para este tipo de gastos y paga todo lo que le corresponde".

"En el edificio hay personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebés que tuvieron muchas dificultades para entrar y salir de una casa con tres ascensores fuera de servicio. Esto es para denunciarlo y vamos a hacerlo", subrayó ayer uno de los afectados por el apagón ocasionado en plena Nochebuena. "Aún tenemos que enterarnos de si el Ayuntamiento había dado o no de alta el suministro eléctrico del bloque o de si fue un error de la compañía eléctrica, pero demandaremos a Gas Natural Fenosa por cortarnos la luz sin avisar a nadie previamente", confirmó el presidente de la comunidad de propietarios del inmueble.

"Intenté hablar con la concejala de Urbanismo y con el alcalde e incluso envié varios escritos a la Xunta pero nadie me hizo caso, así que presenté una demanda ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo que ha sido admitida a trámite", explica Juan Viqueira, uno de los afectados por las expropiaciones realizadas para la construcción del parque de Eirís que durante el proceso de realojo ha manifestado su descontento con el precio que el Gobierno local puso a los pisos cedidos por la Xunta. "Mis padres pagaron 77.000 euros al Ayuntamiento por un piso que les podría haber costado entre 44.000 y 55.000 euros si lo gestionase la Xunta", lamenta.

El Gobierno municipal ha optado por "el precio máximo" que marca, según Viqueira, la ley de Vivienda, algo legal por estar dentro de los baremos, pero "muy poco moral", denuncia el afectado en representación de sus padres, que son quienes viven en los pisos de protección oficial de Eirís. El denunciante critica además que "no tiene sentido" que el Ayuntamiento les exigiese "los mismos requisitos de acceso a las viviendas que tienen quienes no han sido expropiados" y se pregunta "por qué hay doce familias no realojadas por supuestamente incumplir los requisitos si continúan cobrando los 300 euros mensuales por el mismo".