Los cooperativistas del parque ofimático dan por perdidos los 3,5 millones de euros en ayudas que el Gobierno central suprimirá a partir de mañana y tienen claro quién es el culpable: el Ayuntamiento de A Coruña. El requisito para que los 300 socios pudiesen optar a la subvención estatal era que el Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta, calificase las futuras viviendas como de protección oficial y, para ello, el Ejecutivo local debía inscribir las parcelas en el Registro de la Propiedad, un trámite que, a un día de finalizar el año, no se ha completado.

"Nos da igual que gobierne el PP o el PSOE, la culpa es de la administración pública, que no funciona", subraya el gestor de una de las cooperativas, Benito González, molesto con que la polémica sea "echarse la culpa unos a otros" mientras están a punto de perderse 12.000 euros por cooperativista. "Que laven sus trapos sucios en el ring, fuera de nuestra vista", apostilla cansado de ver cómo Gobierno local y autonómico "juegan" a pasarse la pelota sin centrarse en buscar una solución.

Pese a que los cooperativistas insisten en que "la culpa" la tiene el Ayuntamiento por no registrar los terrenos a tiempo y aseguran que la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, "miente" -"lo que yo sé desde mi ignorancia no lo puede ignorar ella estando en el departamento de Urbanismo rodeada de técnicos", señala González-, sostienen que el Instituto Galego de Vivenda e Solo "podría calificarlas como viviendas de protección oficial aunque no estén registradas como tales" porque, dicen, "saben de sobra que los terrenos existen y que están adjudicados desde hace casi dos años". No obstante, reconocen entender que, careciendo de un respaldo judicial, "es posible que tengan miedo a que luego los otros les recriminen que hicieron mal las cosas", y sostienen que, tengan o no posibilidad de calificar las parcelas desde la Xunta y delegue o no funciones el Gobierno municipal, "el último responsable es el Ayuntamiento porque el polígono pasó de regirse del sistema urbanístico de expropiación al de compensación".

Taboadela exigió ayer al Instituto Galego de Vivenda e Solo que garantice las ayudas a los cooperativistas del parque ofimático "en el momento que las parcelas estén registradas" y argumentó que el Ejecutivo local "puso a disposición del Registro de la Propiedad un funcionario municipal dedicado en exclusiva a trabajar en este trámite", por lo que corresponde a dicho registro, añadió "finalizar esta tramitación".

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas declararon a este medio que "el primer problema para que no se pueda conceder la subvención viene dado porque el Ayuntamiento no registró en tiempo y forma los terrenos". Además, las mismas fuentes explicaron que el mantenimiento de las ayudas tendría que solicitarse al Gobierno central, "que es quien las retira a partir del 1 de enero".

El portavoz del PP local, Carlos Negreira, criticó ayer que el Ayuntamiento, al no haber inscrito los terrenos del ofimático, "vuelve a defraudar a los más débiles y a las personas que más lo necesitan" y recordó que el Partido Popular "ha insistido reiteradamente para que se agilizasen todas las gestiones en el Registro de la Propiedad".

Sobre las obras del parque ofimático, que tendrán un contrato de 410.000 euros, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer el nombramiento del comité de expertos que valorará las 15 propuestas presentadas al concurso.