En los primeros días de este año, en el ambiente de falsa tranquilidad que se respira en los pasillos de los juzgados, propiciado por el paréntesis navideño, algunos de los trabajadores que nos encontrábamos en el edificio de la calle Monforte contemplamos con estupor cómo en la ostentosa escalinata central se llevaba a cabo una sesión de fotos, con la figura estelar, del ministro de Justicia, señor Caamaño.
La sensación que nos dio el ministro es la de pasar por los Juzgados, un tanto de hurtadillas, como si de todas las cuestiones que ocupan su mente la que menos le interese sea la realidad cotidiana que se sufre en las oficinas judiciales, ocupado como está en esa vorágine legislativo-reformadora que demostró desde el principio de su mandato.
Desde UGT creemos que aún no es el momento de hacer balance de lo positivo y negativo de su gestión, pero de lo que sí estamos seguros es de que todas las ambiciosas e ingentes reformas que se intentaron afrontar: nueva oficina (con su correspondiente legislación procesal que ya se ha puesto en funcionamiento, cuando la nueva oficina se encuentra en fase experimental), Código Penal, registro civil, instrucción de causas por el Ministerio fiscal, etcétera, van a ser de dudosa eficacia en el quehacer diario de los Juzgados y Tribunales al no ir acompañada de la correspondiente dotación económica, algo difícilmente posible en una época de rigor presupuestario como la que le ha tocado capitanear al señor Caamaño.
La sensación que tenemos del ministro es que es un gran teórico-reformador, que ha empezado la casa por el tejado, dejando las bases de la Administración de Justicia intactas. En definitiva, es un gallego, que no ha hecho uso del pragmatismo que caracteriza a nuestro pueblo.
Desde Galicia, le reprocharemos, visto el cariz que lleva el tema, su nula implicación en una cuestión crucial para el servicio de la Justicia en Galicia, como es la dotación para los Juzgados de Vigo y A Coruña del servicio de 24 horas, caso inédito en todo el territorio nacional en partidos judiciales con ocho juzgados.
Un buen ejemplo, de cómo lo que se aprueba por el poder legislativo inmediatamente se traslada al aparato judicial en forma de carga de trabajo, es, por su cercanía la que se ha dado en llamar ley Sinde, la cual, para su ejecutividad precisará la intervención judicial, sin que se doten a los juzgados de mayores medios para hacer frente a la sobrecarga, algo ya, desgraciadamente, muy habitual.
Otro ejemplo, que va a cobrar tintes realmente dramáticos es la reforma del Código Penal y la revisión de ejecutorias que va a recaer sobre los Juzgados de lo Penal, que ya venían arrastrando una carga de trabajo realmente insoportable siendo de urgente necesidad la creación de más Juzgados de lo Penal.
La crónica, desde Galicia, de la situación de la Administración de Justicia gestionada por el conselleiro señor Rueda, es la de una foto fija, es fácil imaginar su mesa con la bandeja de los problemas pendientes de resolver rebosante y la de los resueltos, prácticamente vacía.
En su debe, siguen pendientes cuestiones tales como :
-Las obras de la reforma integral del edificio de los Juzgados de A Coruña, que se están llevando a cabo, a un ritmo desesperadamente lento, teniendo en cuenta la urgencia de su finalización para que los trabajadores destinados en el Juzgado de Violencia sobre la mujer puedan pasar de su provisional ubicación a unas instalaciones acordes con su especial dedicación, sobre todo, en una época de repunte de la violencia de genero, pero ahí siguen viendo crecer la hierba sin que su situación cambie.
-El caso Fábrica de Tabacos con sus idas y venidas donde nos seguimos encontrando a Xunta de Galicia y Ayuntamiento, enconados en demostrar su perenne incapacidad para ponerse de acuerdo en una cuestión urgente como es la dedicación a espacios judiciales de la totalidad del edificio de la plaza de A Palloza y que, constatado por los medios de comunicación, dejan claramente retratada la nula importancia que el señor Rueda y el señor Losada le dan a un servicio primordial para la sociedad como es la justicia.
Este tema es especialmente grave, porque mientras los dos políticos se ponen de acuerdo en la cesión del edificio de la plaza de A Palloza se sigue pagando un cuantioso alquiler por el edificio Proa. Los nuevos espacios judiciales, permitirían que nuestros compañeros destinados en el gafado edificio de Matogrande pudieran regresar al, caso de constituirse, distrito judicial, formado por los edificios de A Palloza y las calles Monforte y Capitán Juan Varela.
Cuando nos referimos al edificio Proa como gafado tenemos que referir lo que ha ocurrido, esta semana, en el referido edificio, ya que el inmueble dotado de climatización inteligente, ha decidido esta semana abrasar a los trabajadores con temperaturas de 30º C que han provocado, como es de suponer situaciones de malestar importantes. UGT acudirá a la Inspección de Trabajo a denunciar la situación, porqué esta es la gota que colma el vaso de las desgracias causadas por el edificio.
-Desde UGT Justicia, cuando supimos de la aberración que se pretendía perpetrar con la ubicación del Juzgado de Instrucción número 8, constituido el pasado 30 de diciembre del pasado año, totalmente alejado del resto de los de Instrucción y del Juzgado de Guardia, con los que tiene que interrelacionarse cotidianamente, planteamos ante la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia una propuesta de ubicación, que, transmitimos a la opinión pública.
Nuestra propuesta fue desechada consumándose el desatino, resultando esperpéntico ver a nuestros compañeros ir a realizar la primera guardia del Juzgado número 8 ir de un edificio a otro, haciendo trasiego por la calle de expedientes y enseres necesarios para el servicio de guardia. Pobre imagen de la justicia la que se está dando una vez más.
-Una cuestión, sin resolver, de largo recorrido, y que está causando un grave perjuicio a los ciudadanos y trabajadores, es el de la informática judicial. Las herramientas con las que se está desarrollando el trabajo en las secretarias judiciales, suministradas por el Ministerio de Justicia, son terriblemente lentas, obsoletas y carentes de recursos para agilizar la justicia en tiempos como los que estamos a vivir, en los que la existe una sobrecarga de trabajo extrema. Los tiempos de respuesta e índices de error y repetición de tareas, con los que tenemos que convivir, se ven incrementados por un programa informático completamente inadecuado y que, si fuera experimentado, como sería lógico, por sus usuarios finales, que son los trabajadores de la Administración de Justicia, jamás se hubiera llegado a implantar.
Nos encontramos, en este tema, en una vía muerta, el tiempo pasa, las carencias del sistema informático no se subsanan y el ritmo del trabajo no es el que se debería alcanzar de haber tecnología de información y comunicación, similar, a la de otras administraciones, como la Agencia Tributaria o Seguridad Social.
-La cuestión en la que desembocaron las obras del edificio judicial de El Ferrol, debido al abandono por parte de la empresa adjudicataria de las obras de ésta, podríamos definirla, si no fuese por su gravedad de tragicómica, porque si en alguna parte de este artículo hablábamos de que se estaba empezando la casa por el tejado, en su caso, ellos ni siquiera pueden decir eso, porque están haciendo su trabajo sin ni siquiera tener cubierta, al encontrarse, el edificio en pleno invierno cubierto por una lona.
-La Consellería ha trasladado, al margen de la ley y sin ninguna transparencia, a un funcionario destinado en la Fiscalía de Santiago a otra creada virtualmente en Ribeira, reduciendo la escasa plantilla de la que dispone Santiago , dentro del escenario de sobrecarga en el que nos encontramos inmersos, UGT ha solicitado que se nos haga entrega de la resolución en la cual se basa tal movimiento, todavía no hemos tenido acceso a la misma, pero si esta cuestión no nos es aclarada de forma satisfactoria, emprenderemos las medidas legales que consideremos .
Finalizar desde UGT diciendo que los poderes, públicos en el mundo de la justicia, bien por incapacidad o por desinterés, demuestran una verdadera ineptitud en la resolución, ya no de los grandes, sino de los pequeños problemas que acucian a una Administración de Justicia que, cada día que pasa, estamos más convencidos se ha quedado estancada en épocas pretéritas siendo imprescindible una transición definitiva hacía la justicia del siglo XXi.
