El Juzgado de lo Penal número 6 de A Coruña celebrará la próxima semana la vista contra un empresario que gestionaba un restaurante situado en la plaza de Lugo. El fiscal solicita que el imputado sea condenado a dos años de prisión por incumplir la normativa de seguridad con sus cinco trabajadores.
El representante del Ministerio público relata en su informe sobre los hechos que Inspección de Trabajo levantó un acta del establecimiento en agosto de 2008 en la que hacía constar que en la cocina del local se hallaban productos corrosivos sin que los empleados hubiesen recibido ninguna información sobre ellos. Los camareros tampoco habían aprendido a utilizar la ralladora manual que había en la cocina.
El centro, según destaca el fiscal en su escrito de calificación, carecía de vestuario, por lo que los trabajadores se cambiaban en el almacén de material de cocina, que estaba "sucio". Los afectados colocaban la ropa encima de las cajas de comida, según señala la Fiscalía, que destaca que la cocina del establecimiento estaba "sucia y resbaladiza". Los empleados, sin embargo, carecían de calzado antideslizante para evitar el riesgo de caídas.
Los inspectores también hicieron constar en su informe que el local no tiene señalización de sus extintores y que tampoco cuenta con salida de emergencia ni botiquín de primeros auxilios.
"El acusado ha incumplido el deber esencial de integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa, con numerosos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, que afectan a todas las esferas de la actividad preventiva, como son la formación e información de los trabajadores, seguridad en el lugar de trabajo, utilización de equipos de trabajo y de protección individual, medidas de emergencia, señalización y limpieza, lo que afecta de una manera considerable a la salud y seguridad de los trabajadores de la empresa", asegura la Fiscalía en su escrito sobre los hechos.
El representante del Ministerio público exige a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 6 de A Coruña que imponga al procesado dos años de cárcel por cometer un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía, además, solicita a la juez que condene al imputado al pago de una multa de 6.000 euros y a la prohibición de realizar en el futuro actividades de la misma clase que realizaba para la empresa que gestionaba el restaurante durante tres años.
