La Policía Nacional realizó ayer por la tarde una redada por tráfico de drogas en la zona de O Ventorrillo. Los agentes detuvieron a siete personas, pero al cierre de esta edición la investigación todavía seguía en marcha, por lo que no se descarta que haya más arrestos. La actuación del 091 comenzó sobre las cinco y media de la tarde en establecimientos hosteleros y viviendas del barrio, donde los agentes se incautaron de sustancias estupefacientes.
Uno de los locales que registró la Policía Nacional está situado en la plaza Monasterio de Cines. Algunos vecinos de la zona se acercaron al establecimiento en cuanto observaron desde sus viviendas que los furgones del 091 aparcaban en las proximidades del bar. Los residentes en O Ventorrillo, que denuncian desde hace años el tráfico de drogas en el barrio, alabaron el trabajo de los agentes. El local ubicado en la plaza Monasterio de Cines, según uno de los vecinos, abría y cerraba sus puertas continuamente. "Ya sospechábamos que se dedicaban a actividades delictivas", asegura el afectado por la venta de sustancias estupefacientes en la zona.
Los agentes también realizaron inspecciones en edificios de la calle Monasterio de Caaveiro, según algunos testigos de la redada. Los siete arrestados fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional situadas en Lonzas. Los detenidos son sospechosos de cometer un delito contra la salud pública por dedicarse a la venta de drogas en establecimientos y viviendas de O Ventorrillo.
Los imputados pasarán hoy a disposición del juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que es el que esta semana ejerce las funciones de guardia. El magistrado que tome declaración a los sospechosos en presencia de sus abogados decidirá si los envía a prisión o los deja en libertad sin cargos o bajo fianza.
El Código Penal, que fue reformado a finales del año pasado, establece penas que oscilan entre los tres y los seis años de prisión para los autores de los delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causen grave daño a la salud. El castigo para los traficantes era mayor antes del cambio de la ley, pues se enfrentaban a condenas de entre tres y nueve años de cárcel.
