Veintidós años después de que la Xunta aprobara la creación de la Universidade da Coruña, la institución continúa sin disponer de una sola plaza de alojamiento de carácter público, pese a que en 1991, poco después de su nacimiento, se dotó de un plan parcial que preveía un ambicioso programa residencial que quedó paralizado hasta 2004.
Durante ese tiempo, estudiantes y profesores se vieron abocados a quedar en manos del mercado inmobiliario en una época marcada por la especulación, lo que derivó en consecuencias negativas para el entorno del campus universitario y para las economías de los afectados, en especial de los alumnos.
El proyecto urbanístico de 1991 establecía una zona de 100 hectáreas de superficie para acoger los alojamientos precisos en el campus. Una de las áreas diseñadas se situaba en torno al núcleo rural de Castro de Elviña y pretendía albergar 138 viviendas unifamiliares de 150 metros cuadrados, mientras que en los alrededores de San Vicente de Elviña se proyectaron dos edificios de tres plantas.
La última zona residencial se situaría en 10.000 metros cuadrados reservados en el campus, a los que se añadirían 45.000 metros más que se pensaban expropiar para construir viviendas para profesores, estudiantes y los vecinos desalojados para crear este complejo.
Pero toda esta planificación cayó en el olvido a lo largo del mandato del rector José Luis Meilán, durante el que no se promovió ninguna edificación que sirviese de alojamiento a los miembros de la comunidad universitaria. En lugar de optar por la iniciativa pública, el rectorado se decantó por la privada mediante un acuerdo en el que el Concello de Culleredo jugó un papel decisivo.
En 1993, el Gobierno local de Culleredo, que presidía Julio Sacristán, pactó con la empresa Rialta la construcción de una residencia privada de estudiantes en las inmediaciones del campus. Al año siguiente, el Concello y la compañía -propiedad de Manuel Jove- suscribieron otro acuerdo con la Universidad por el que ésta financiaría parte del coste de 150 de las 175 plazas de la residencia, mientras que la administración municipal se comprometía a no autorizar otro edificio de ese tipo hasta que las autoridades académicas lo justificasen ante la empresa, a la que además se le reservaban las primeras 500 plazas que se promoviesen.
El escaso número de alojamientos que proporcionaba esta residencia en relación con la demanda existente -en torno a 8.000 estudiantes- llevó a la aparición de un mercado de infraviviendas en el monte de A Zapateira, donde propietarios de parcelas e incluso de chalés instalaron galpones y barracones en los que alojaron a los estudiantes en condiciones de habitabilidad dudosas. El casco urbano también se vio afectado por la carestía de plazas, ya que los universitarios optaron por buscar pisos y habitaciones en régimen de alquiler, con unas tarifas que rondan los 200 euros mensuales por un simple cuarto. Las áreas preferidas para establecerse fueron las del polígono de Elviña, Cuatro Caminos y Juan Flórez, ya que coinciden con el recorrido de la línea de autobús que parte de la plaza de Pontevedra y concluye en los campus de Elviña y A Zapateira.
Al mismo tiempo, el núcleo tradicional de Castro de Elviña se transformó de forma radical con la construcción de 205 viviendas, apiñadas en lo que hasta entonces había sido una aldea.
La llegada de un nuevo equipo rectoral en 2004 hizo que se recuperase el proyecto inicial de construir alojamientos en el campus, pero entonces ya no se disponía de las parcelas que habían sido programadas para ese fin, que fueron ocupadas con facultades y edificios de servicios. El rectorado organizó en colaboración con la Consellería de Vivenda un concurso de ideas para diseñar un área residencial universitaria con capacidad para 620 plazas, en su mayor parte apartamentos que se alquilarían con las tarifas de las viviendas de protección autonómica.
El cambio de gobierno en la Xunta dejó la iniciativa sólo pendiente de la adjudicación del proyecto, presupuestado en 24 millones de euros, aunque los nuevos responsables autonómicos manifestaron que lo pondrían en marcha, hasta el punto de que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas prometió que en 2010 dedicaría 10 millones a esta actuación.
El Ejecutivo incluso exigió el año pasado a la Universidad que garantizase por escrito que se haría cargo de la nueva residencia tras su construcción, aunque casi dos años después de la llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta, las obras del complejo siguen sin iniciarse, lo que el vicerrector de Infraestruturas, Xosé Lois Martínez, relaciona con la vigencia del acuerdo con la residencia privada Rialta.
