Han pasado más de tres años desde que el fenómeno del botellón se convirtió en un problema de primera magnitud que puso contra las cuerdas al Gobierno municipal, lo enfrentó con los vecinos y le exigió medidas para frenar lo que se convirtió en un foco de disputas sociales. Varios meses después, una ordenanza específica de por medio y la creación de zonas vetadas al consumo de bebidas alcohólicas, la situación no es la misma que a finales del año 2007, cuando los residentes en las zonas más castigadas cercaron al Ayuntamiento y particularmente al alcalde, Javier Losada, con sus reclamaciones y protestas.

Las caceroladas en los actos públicos y frente a la puerta del edil forzaron al Gobierno local a buscar una fórmula para atajar este fenómeno. Los lugares habituales de reunión de los más jóvenes para beber durante los fines de semana se convirtieron entonces en espacios vigilados por la Policía Local para garantizar el descanso de los vecinos. El Ayuntamiento las bautizó como Zonas de Especial Protección, denominación que escondía la prohibición de reunirse en grupos numerosos de gente para evitar que pudieran beber alcohol. Así, la plaza del Humor y la de Azcárraga fueron los primeros lugares de la ciudad donde el Concello aplicó esta medida. De la noche a la mañana, los dos sitios preferidos por los jóvenes para la práctica del botellón se quedaron desiertos.

El fenómeno, sin embargo, no se erradicó ahí, sino que simplemente se trasladó. Las bolsas con refrescos, hielos y licores viajaron entonces hasta la plaza de Santa Catalina y la calle Durán Loriga. La estrategia seguida por el Ayuntamiento fue la de extender las zonas de protección; la de los jóvenes volverse a trasladar, en este caso a los Jardines de Méndez Núñez y la Colegiata de Santa María. El problema persiste en estos dos puntos, a pesar de que el Ayuntamiento haya anunciado que pondrá todas las medidas necesarias para evitar el botellón en frente al templo de la Ciudad Vieja. En el caso de los jardines la solución planteada pasa por declarar todo el conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC), pero los trámites no se han completado.

A pesar de que el fenómeno no ha sido erradicado por completo de la ciudad, el Gobierno local defiende que los esfuerzos efectuados desde hace tres años han dado sus frutos. En el periodo de tiempo comprendido entre octubre de 2007 y agosto de 2008, antes de que se aprobase la ordenanza de convivencia ciudadana, la Policía Local identificó a 41 menores como consecuencia del consumo de alcohol en la vía pública. Entre enero y septiembre de 2010, con la aplicación de esta norma, el número descendió hasta los 16 jóvenes, de acuerdo a los datos facilitados por el Ayuntamiento. Las peleas y detenidos por agresiones también se redujeron significativamente desde que el Gobierno local decidió redactar la ordenanza para tratar de reducir los efectos negativos del botellón y garantizar la calidad de vida de todos los vecinos.