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El Concello expropiará suelo para instalar ascensores en cualquier edificio de la ciudad

El Gobierno local modifica la ordenanza de rehabilitación para incorporar la disposición de la Ley de Economía Sostenible que declara de interés público la dotación de medios de acceso a las edificaciones

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Recogida de firmas realizada en 2008 para que el Concello favoreciese la instalación de ascensores. / lucía río
Recogida de firmas realizada en 2008 para que el Concello favoreciese la instalación de ascensores. / lucía río 

JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ | A CORUÑA La instalación de ascensores en edificios que carecen de este equipamiento será más sencilla tras la modificación introducida por el Gobierno local en la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles, que incorpora el contenido de la Ley de Economía Sostenible que hace posible la expropiación de suelo por parte de los ayuntamientos para emplazar los elevadores. La norma declarará la instalación de ascensores, rampas o cualquier otro medio de acceso como un "instrumento esencial de la rehabilitación de inmuebles" en el municipio coruñés y que la expropiación forzosa o la ocupación temporal de terrenos y partes de las edificaciones para estos fines será considerada de "utilidad pública e interés social".

La legislación gallega ya permite efectuar expropiaciones para dotar de ascensor a los edificios, aunque lo limita a los que se encuentran situados en áreas de rehabilitación, mientras que la ley estatal extiende esta medida a cualquier inmueble, lo que beneficiará a miles de vecinos que residen en zonas construidas en los años cincuenta y sesenta y que se ven obligados a subir y bajar escaleras para acceder o salir de sus viviendas. La Xunta tiene previsto variar su Lei de Vivenda en el mismo sentido que la norma estatal, cuya reciente aprobación evitará que los vecinos afectados por este problema tengan que esperar el largo trámite que implica una modificación de este tipo.

La Ley de Economía Sostenible declara necesaria la ocupación de partes de pisos o locales cuando sea indispensable para la instalación de servicios comunes que sean exigibles, así como el de ascensor, con el fin de beneficiar a toda la comunidad de propietarios. Para que sea posible efectuar la expropiación habrá que justificar que no existe una alternativa económica o técnica y que se garantiza el respeto a la superficie mínima y a los estándares exigidos a locales, viviendas y espacios comunes de los edificios. La nueva ordenanza exigirá además que se acredite que no es posible instalar el ascensor por la oposición de los propietarios de la superficie afectada por esta iniciativa, con el fin de que el Ayuntamiento acometa la expropiación.

El concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, explicó que tras la aprobación del cambio legal por la Junta de Gobierno Local, ahora será necesario refrendarlo en el pleno municipal que se celebrará el 2 de mayo y posteriormente publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que calcula que entrará en vigor en un plazo máximo de dos meses. Para el edil, la reforma favorecerá la instalación de los ascensores en los edificios antiguos, una actuación para la que existe una gran demanda y en la que en ocasiones surgen conflictos por la oposición de los propietarios de la planta baja a ceder superficie para hacer posible las obras.

López Rico mencionó casos en los que se llegaron a pedir hasta 60.000 euros por un metro cuadrado de superficie, a los que calificó de muestras de "insolidaridad y falta de civismo". La existencia en la ciudad de barrios muy poblados que fueron levantados en la época del desarrollismo franquista y que carecen de ascensor pese a contar hasta con seis alturas hizo prever al responsable de Rehabilitación que la nueva ordenanza tendrá unas amplias posibilidades de aplicación en los próximos años.

En la actualidad hay dos solicitudes de expropiación cursadas para edificios del casco histórico y otras diez para otros situados fuera de zonas de rehabilitación y que se hallaban a la espera de la modificación de la ley autonómica, que se verán favorecidos ahora por la variación de la ordenanza municipal.

Los administradores de fincas confirman la existencia de conflictos entre los propietarios de edificios antiguos cuando se intenta instalar un ascensor, aunque el presidente del colegio que agrupa a estos profesionales en Galicia, Martín Bermúdez de la Puente, advierte de que hay una amplia variedad de casos. "No es lo mismo que la superficie necesaria esté en la parte de atrás de un local comercial o en un trastero que en la zona de entrada", señala el portavoz de los administradores, quien reconoce haber conocido situaciones en las que los dueños del suelo necesario para el ascensor pidieron precios desorbitados.

Fuentes de este sector destacan que en los inmuebles más antiguos en ocasiones ni siquiera existe la certeza de quién es el propietario de algunos espacios, ya que se carece de planos y que en muchas ocasiones los afectados rechazan las ofertas por el suelo necesario para instalar el ascensor, incluso cuando son muy elevadas, ya que simplemente se niegan a perder un solo metro de sus propiedades.

El elevado número de locales comerciales que se hallan desocupados en la actualidad puede hacer variar esta actitud en algunos casos, según los profesionales de esta actividad, que en algún caso han visto como se exigían compensaciones similares a las del precio de la superficie comercial en Los Cantones. Otra de las mejoras que introducirá la reforma legal es que las obras podrán comenzar antes de que se indemnice al expropiado, como sucede con otras actuaciones públicas de este tipo.

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