El Ayuntamiento presentará el próximo lunes el recurso de suplica con el que pretende evitar que se ejecute el derribo del edificio Conde de Fenosa, cuya demolición ordena un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que consta que, de no ejecutarse la orden, se adoptarán medidas sancionadoras e incluso se exigirán responsabilidades penales. El concejal del Partido Popular Julio Flores manifestó ayer que un grupo de abogados trabajarán durante este fin de semana para decidir cuál es la fórmula más adecuada para abordar el recurso con el que, según recuerda el miembro del nuevo Gobierno local, se pretende evitar el perjuicio que el derribo causaría a los propietarios de las viviendas.

"Hay un grupo de abogados que está mirando con calma toda la documentación. Pretenden llegar el domingo a una conclusión sobre el argumento jurídico que se presentará en el recurso", comentó el edil del PP, que recordó que "hay varias maneras de recurrir".

Según Julio Flores, el recurso de súplica se definirá el fin de semana y se concretará el mismo lunes, cuando el PP, ya en el Gobierno local, recabará "toda la documentación" relativa a este caso en el departamento municipal de Urbanismo y la asesoría jurídica del Ayuntamiento. "Tenemos solo parte de la documentación", afirmó el edil, que esta semana se ha reunido con la hasta ayer concejala de Urbanismo en funciones, la socialista Obdulia Taboadela, para abordar la redacción del recurso de súplica.

Con el recurso de súplica, indicó el edil popular, el nuevo Gobierno municipal pretende "defender a los vecinos" que viven en el edificio Conde de Fenosa y salvaguardar los derechos de "todos los coruñeses". "Aunque tenemos poco tiempo para redactar el recurso y no toda la documentación -añadió-, vamos a intentar encontrar una solución".

El Partido Popular, que gobernará desde el momento en que Negreira sea hoy investido alcalde, no ha sido el único grupo que ha manifestado su opinión acerca del futuro del edificio Conde de Fenosa. El que fue cabeza de lista del BNG en las pasadas elecciones municipales, Xosé Manuel Carril, ha insistido en que el bloque no debe derribarse "porque aún hay recursos legales para evitarlo" y que, de ser necesario pagar porque la sentencia quede sin ejecutar, debe ser la constructora la que cargue con los gastos.

"Hay que pedir responsabilidades a Fadesa para evitar que sea la propia ciudadanía de A Coruña la que tenga que asumir las consecuencias económicas de esta ilegalidad urbanística", declaró Carril, que recordó que la venta de Fadesa no implica que deje de ser responsable de las actuaciones anteriores a dicho proceso de traspaso.