La publicación ayer en el Diario Oficial de Galicia de la resolución del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) por la que este ente autonómico renuncia a ejecutar el contrato para la construcción de la residencia universitaria coruñesa fue acogido con "sorpresa" e "indignación" por el Rectorado, que exigió a la Xunta que dé marcha atrás en esta decisión, a la que califica de "arbitraria", al tiempo que reclamó que el complejo de alojamientos sea de gestión pública. El Gobierno gallego se comprometió ayer a que la residencia se construirá, aunque mediante el sistema de concesión administrativa a una empresa privada, y afirmó que la Universidad conocía sus intenciones. Según la Xunta, el cambio introducido obedece a la falta de fondos públicos para construir la residencia.

El anuncio fue publicado por la Xunta fecha en el pasado 11 de mayo, once días antes de las elecciones municipales, una resolución que no trascendió hasta ayer, ya constituido el nuevo Gobierno local. Por él, el IGVS renuncia a la realización del contrato para la edificación y urbanización del área residencial del campus de Elviña. El texto recuerda que la legislación permite tomar estas decisiones cuando existen razones de interés público que deben justificarse en un expediente y que las mismas figuran en la documentación administrativa, aunque no las menciona, al tiempo que advierte de que podrá presentarse un recurso contra esta resolución.

El rector, José María Barja, manifestó mediante un comunicado que se enteró de la decisión a través del boletín oficial y destacó que a la sorpresa por la forma en la que se anunció se suma la de que se efectuó una vez que se constituyeron los nuevos ayuntamientos. Barja destacó que nada "hacía prever este giro final", ya que la Universidad aceptó todas las exigencias de la Xunta para garantizar la viabilidad del proyecto y que incluso propuso su construcción por fases para reducir su impacto económico.

El rector reclamó que se anule la resolución e invitó a "los poderes públicos y las instituciones locales" a que exijan la construcción de la residencia. Para el vicerrector de Infraestructuras, Xosé Lois Martínez, la resolución "es la peor noticia que se puede dar a la Universidad de A Coruña". El responsable del proyecto en la institución académica afirmó que la publicación de la decisión tras las elecciones significa que está "mediatizada por cuestiones electorales", por lo que entiende la actitud de la Xunta "casi como de engaño a una institución seria como la Universidad".

El proyecto de la residencia ha supuesto ya gastos por encima del millón de euros para el Rectorado, como la eliminación de líneas de media tensión en los terrenos afectados, según detalló Martínez, quien rechazó el argumento de la crisis para justificar la renuncia a la construcción del complejo en las condiciones iniciales, ya que estimó que a quien más afecta la recesión económica es a las familias de los alumnos, de las que dijo que deben pagar "una cantidad desorbitada para que sus hijos estudien en una ciudad que tiene los alquileres más altos de Galicia".

El vicerrector entiende la anulación del concurso como "un auténtico fraude para la Universidad", ya que las propuestas de las 23 empresas que se presentaron ya habían sido evaluadas y solo faltaba por decidir cuál de ellas construiría la residencia. Martínez advirtió además de que los terrenos en los que está proyectado el complejo "se expropiaron porque son universitarios" y que el Rectorado "tiene la última palabra sobre el tipo de residencia" que se construirá, que deberá ser "pública, con precios públicos y con vivienda de protección autonómica, sin ningún tipo de añadidos".

La Xunta replicó estas críticas manifestando que la residencia se construirá y que sigue siendo una de sus prioridades, aunque se llevará a cabo mediante el sistema de concesión administrativa a causa de la crisis económica, puesto que la administración gallega carece ahora de los medios necesarios. "O se hace así o no se hace", señalaron fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas, que aseguraron que esta intención fue expuesta al Rectorado en varias ocasiones, aunque éste siempre rechazó ese modelo de gestión de la residencia.

La consellería descarta además que el complejo pueda construirse por fases para que resulte más barato porque eso retrasaría su puesta en marcha y que se intentará que el nuevo proyecto, con la misma capacidad que el anterior, sea licitado lo antes posible, aunque antes es necesario el visto bueno de la Intervención General del Estado a la concesión. En relación con el temor de la Universidad a que la gestión de la residencia por una empresa suponga un encarecimiento de sus tarifas, desde la consellería se aclara que el alojamiento será "público a todos los efectos" y que sus precios también tendrán esta característica. Estas mismas fuentes advierten además de que fue la Xunta la que adquirió los terrenos pero que está dispuesta a reunirse con el rectorado para garantizar las cuestiones que desee sobre el funcionamiento de la residencia.