Las condiciones para la construcción de la residencia del campus de Elviña se pactaron entre la Universidad y la Xunta en 2010. Así lo aseguró ayer el rector del órgano educativo, José María Barja. "En el borrador hay unas cláusulas según las que nos comprometimos a asumir los gastos de mantenimiento, gestión directa o indirecta, organización y residencia. En su día nos lo pensamos y lo aprobamos porque era lo bastante fuerte como para pensárnoslo", recalcó Barja, que respondió, de este modo, al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, que acusó a la Universidad coruñesa de "falta de voluntad" para hacer realidad el proyecto.
Hernández afirmó el jueves durante su visita a la ciudad que cuando el PP asumió el Gobierno de la Xunta pidió a la entidad académica que aclarase si estaba dispuesta a asumir el mantenimiento de las viviendas y el posible sobrecoste del proyecto, ya que los populares tenían "dudas sobre su viabilidad". El conselleiro aseguró que no obtuvo respuesta, algo que niega la Universidad, que colgó el convenio de colaboración al que llegó en 2010 con el Ejecutivo autonómico en su página web.
La Xunta anunció esta semana que el proyecto lo ejecutará una empresa privada en régimen de concesión, lo que supondrá, según la Administración, su "desbloqueo", al tiempo que garantizó que los estudiantes pagarán "precios públicos" por residir en el complejo. El Gobierno autonómico recalcó que las residencias universitarias de los campus de Vigo y Ourense fueron construidas y están gestionadas por compañías privadas. "La Xunta siempre actuó con transparencia respecto a la Universidade da Coruña, cuyos representantes participaron en múltiples encuentros con representantes del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), quienes expusieron la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto inicial en las condiciones económicas actuales, en las que es preciso racionalizar el gasto y priorizar las necesidades", subrayó el Ejecutivo gallego
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Barcón, exige al Gobierno autonómico que "cumpla" el acuerdo al que llegó con la entidad académica. "Las cláusulas del convenio son claras y ponen de manifiesto en qué condiciones la Xunta debe construir la residencia universitaria. Durante dos años tuvo suficiente consignación presupuestaria para llevar a cabo esta instalación y no lo hizo, y ahora acude a la privatización con fórmula de ejecución y gestión", destaca la portavoz del grupo municipal socialista, quien pidió a Hernández que no use "la disculpa de la crisis".
El dirigente municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, apoya a la portavoz socialista. "La Xunta de Galicia eliminó del convenio lo relativo a los sobrecostes después de las pertinentes negociaciones con la Universidad, la cual siempre puso de manifiesto que resultaba insólito que una Administración como la Universidad se pudiese comprometer a asumir los sobrecostes de una obra ejecutada por otra Administración", aseveró Carril.
