La solución del conflicto de la residencia universitaria coruñesa debe pasar por la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de la Consellería de Infraestruturas, de la Universidad y del Ayuntamiento, según manifestó ayer el presidente del Consello Social de la institución académica, Antonio Abril. Pese al rechazo del Rectorado a que el complejo de alojamientos sea construido y gestionado por una empresa privada mediante una concesión administrativa, Abril advirtió de que ese modelo "es perfectamente posible y no es descartable de inicio porque depende de las condiciones".
Para el portavoz del Consello Social, el origen de la desavenencia entre la administración autonómica y la Universidad es que no ha habido "trabajo conjunto", por lo que se ha dirigido a ambas partes para que negocien hasta conseguir "la mejor residencia posible y en el menor tiempo posible". En su opinión, "poniendo trabajo y voluntad se puede llegar a un acuerdo entre todas las partes".
Los reproches del Rectorado al Gobierno gallego por el retraso en la construcción de la residencia están "justificados", según Abril, quien considera que a la Universidad "se le generó una expectativa" mediante un procedimiento administrativo que debía culminar en la adjudicación de las obras del complejo de alojamientos, aunque también reconoció que la Xunta tiene razón al afirmar que un proyecto que era financiable hace tres años ahora no puede serlo a causa de la crisis económica.
"Lo que no se entiende es la falta de entendimiento y de comunicación" entre Administración y Universidad, en palabras del presidente del Consello Social, para quien también es incomprensible el tiempo transcurrido sin que se haya obtenido una solución al problema.
En cuanto a quién es el responsable del bloqueo que padece el proyecto, Abril la atribuyó al propio organismo que preside, del que dijo que tendría que haber hecho "más y mejor", aunque también matizó que es necesario "que cada palo aguante su vela".
Propiedad de académicos
Abril expresó su contrariedad con la idea existente en la sociedad de la que la Universidad es "una institución académica propiedad de académicos, dirigida por académicos y para fines académicos", a la que manifestó su rechazo, ya que considera que pertenece a la sociedad, a quien corresponde además "dotarla de medios de gestión, de financiación y de las infraestructuras básicas".
La residencia de estudiantes proyectada en A Coruña sería uno de esos equipamientos, por lo que estimó que su construcción es "una responsabilidad de toda la sociedad", en la que incluyó al propio Consello Social.
La disponibilidad de residencias universitarias es uno de los factores que hacen competitiva a una universidad, según explicó Abril, en especial durante la fase de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Esta clase de alojamientos favorece la movilidad de los estudiantes, los profesores y el personal de administración y servicios, recordó el presidente del Consello Social, por lo que su inexistencia impide que estas personas puedan residir en la ciudad a precios asequibles.
