"En una mañana". Es el tiempo en el que el conselleiro de Presidencia y Xustiza, Alfonso Rueda, y el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, han resuelto la cesión de la Fábrica de Tabacos como sede judicial, uno de los temas enquistados por la falta de acuerdo de los gobiernos local y autonómico. Así hasta que las elecciones han teñido del mismo color ambas administraciones. El Concello cederá a la Xunta el emblemático inmueble coruñés de forma permanente. El anterior Ejecutivo local proponía un traspaso inicial de 75 años.
En mayo de 2010, Xunta y Concello acordaron que la Consellería de Presidencia abordase la reforma del edifico histórico para convertirlo en sede judicialsede judicial. Presentaban entonces un plan de viabilidad, para que las dependencias estuviesen "a pleno rendimiento" en 2013. La Xunta llegó a encargar el proyecto de rehabilitación. Pero el acuerdo no se llegó a materializar, convirtiéndose en uno de los campos de batalla de PSOE y PP al frente de sus respectivas administraciones, crecientes con la proximidad de la cita electoral.
Como principal desacuerdo para justificar el bloqueo, el Gobierno gallego pedía una cesión definitiva, "al igual que el resto de municipios de Galicia", mientras que el alcalde Javier Losada ofrecía 75 años. "Lo único que pedimos es que ese bien sea cedido en su totalidad sin ningún tipo de cláusula", manifestaba ya en febrero de 2011 el entonces delegado territorial de la Xunta, Diego Calvo. A un trimestre de las elecciones, la solución al problema se mostraba inevitablemente aparcada hasta el dictamen de las urnas. El acuerdo sobre la Fábrica de Tabacos, que se firmará "en breves fechas", según anunció Negreira, es ejemplo del viraje de las atrancadas relaciones institucionales en el último año y medio de legislatura entre San Caetano y María Pita.
El Gobierno local acepta una cesión que adjetivan como "indefinida", aunque especifican que se incluye una cláusula de "salvaguardia". Esto es, en el caso de que la Xunta pretendiese cambiar el fin y usos judiciales del inmueble, tendría que ser con "previo y expreso consentimiento" del Ayuntamiento coruñés. Su incumplimiento acabaría con la reversión del edificio.
Una segunda cláusula se refiere a los 3.000 metros cuadrados que quedarían, "en principio, no para usos judiciales", afirmó Rueda. La Xunta acometerá las obras de rehabilitación y reforma necesarias para ocupar un espacio de 14.000 metros cuadrados destinados a dependencias de Justicia. El uso del 20% restante, esos 3.000 metros, se decidirá de común acuerdo entre ambas administraciones.
El anterior Gobierno había pedido a Xustiza que le reservase ese espacio para el archivo histórico municipal, una posibilidad que el actual Ejecutivo no descarta, aunque matiza que, en su momento, se sentarán a hablar con el Gobierno autonómico al respecto. Finalmente, la tercera condición del pacto es que el Ayuntamiento participe en la elección del proyecto, a través de un concurso que la Xunta licitó el 31 de enero de 2011.
El alcalde, que entiende que el convenio es "imprescindible" para la "capital judicial" de Galicia, reprochó las "continuas trabas" que ha tenido que superar el proyecto, cuya rehabilitación fue pactada con el Ministerio de Vivienda en 2006, acuerdo que nunca se llegó a materializar.
Si se cumplen los plazos ofrecidos por el conselleiro Alfonso Rueda, los trabajos estarían terminados en 2014. "Como muy tarde", se comprometió, las obras comenzarán en el segundo semestre de 2012 y, en un máximo de 24 meses, "el edificio puede ser una realidad".
El titular autonómico calcula que, una vez puesta en marcha, la actuación podrá solventar las necesidades de infraestructuras judiciales "para los próximos veinte años". La inversión, tal y como se había anunciado, es de 20 millones de euros.
Tras la reunión de conselleiro y alcalde en el Palacio de María Pita, la oposición cargó contra la forma de cesión permanente de la Fábrica de Tabacos. Para la portavoz del grupo socialista, Mar Barcón, el regidor coruñés ha "regalado" el "patrimonio de la ciudad". "A las primeras de cambio y cuando aún no ha cumplido un mes como alcalde, Carlos Negreira se pliega a los intereses de su partido y de la Xunta del PP", señala el PSOE.
El Bloque también opina que Negreira solo defiende "los intereses del PP y no de la ciudadanía", al asumir "las condiciones impuestas por el secretario general de su partido para la Fábrica de Tabacos". "La Administración responsable de dotar de espacios dignos a la Administración de Justicia de Galicia es la Xunta y no el Concello", denuncian los nacionalistas. El concejal de EU, César Santiso, ve como una "claudicación" el acuerdo, que, para la formación izquierdista, "significa una descapitalización para A Coruña" y "una práctica poco habitual porque "lo normal para una cesión" de una administración a otra es una modalidad "temporal".
La que sí ha aplaudido la decisión es la federación minoritaria de asociaciones de vecinos, Salvador de Madariaga, que insta al Ayuntamiento y a la Xunta a "hacer realidad la Ciudad de la Justicia". "La fecha de 2014 debería adelantarse en la medida de lo posible", exigen.
