El Plan de Movilidad encargado por el anterior Gobierno local considera fundamental impulsar una red de tranvías que complemente al sistema de autobús urbano en la ciudad. A través de tres líneas, con 20 minutos de frecuencia y ocho convoyes, los redactores del estudio, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, defienden que se implantaría una nueva red "eficaz y eficiente" que impulsaría el transporte público en la ciudad. Y es que con el futuro intercambiador en San Cristóbal, están convencidos de que, además de los traslados dentro de la ciudad, los viajes de media y larga distancia en ferrocarril y autobús aumentarían "en detrimento del vehículo privado".

El documento parte de la propuesta de metro ligero formulada por el anterior Gobierno de la Xunta, que utiliza la actual vía del tranvía y propone tres itinerarios, y pone como principal objetivo que el servicio "deje de ser un mero entretenimiento turístico". Para conseguirlo, los expertos apuestan por unas frecuencias asumibles, de 20 minutos que puedan reducirse, en los barrios más céntricos, a los 10 minutos o menos por el solape de varias líneas.

Los trayectos de ida y vuelta de la red propuesta sumarían 73.952 metros, siendo la línea tres -que conecta la plaza de Pontevedra con los Rosales- la más larga, con 28.200 metros y la que alarga unos metros la actual vía del tranvía la más corta, con 17.452 metros. La velocidad que podrían alcanzar los vehículos sería 27,4 kilómetros horas de promedio. Las más rápidas serían la dos -que une Monte Alto con la Universidad- y la tres, con 28 kilómetros por hora

Las tres líneas conseguirían una cobertura óptima de la población de la ciudad ya que el 58% de los vecinos tendrían acceso al metro ligero a menos de 300 metros. Si 143.000 ciudadanos estarían en esta situación, otros 200.000, el 81,9% del padrón, sólo tendrían que recorrer 500 metros. También en relación a los edificios los índices serían positivos, con el 44,7% del total a 300 metros de una parada del tranvía y el 66,8% a medio kilómetro.

La conjunción con el bus haría que la red de transporte público, según el Plan de Movilidad, cumpliera y mejorara los parámetros de "conectividad, cobertura y accesibilidad". Y es que casi todos los ciudadanos tienen una parada de autobús a menos de 300 metros -un 99,5%- y casi la mitad de la población -un 48,8%- accede a una marquesina en menos de cinco minutos.

Con el estudio ya realizado del metro ligero, el equipo redactor del plan cree que la mitad de las paradas -19- podrían alcanzar una frecuencia de 10 minutos y 16 la tendrían de 20 minutos. Sólo tres, las situadas en el punto más estrecho de la península coruñesa se beneficiarían de un tiempo de paso de casi siete minutos.

Las dimensiones de A Coruña convierten al metro ligero, explica el plan, en un medio de transporte "vital" y supone la recuperación de un sistema "cómodo, eficiente y seguro". Pese a asumir los itinerarios incluidos en el plan general e ideados por la Xunta del bipartito, los redactores del informe propone estudiar otras alternativas, pero siempre con un "sistema radial" y que conecte los "puntos neurálgicos" de la ciudad, entre los que enumeran el centro histórico, las estaciones de tren y bus, los nuevos desarrollos urbanos, el campus universitarios y los hospitales.

El Plan de Movilidad encargado por el anterior Gobierno local toma como base para el metro ligero la propuesta de trazado que realizó el bipartito de la Xunta. En estos momentos, esas líneas están en suspenso y el nuevo Gobierno gallego ha encargado un nuevo estudio de viabilidad, el cuarto en una década, que estará listo a finales del año que viene. Lo que se mantendrá, según algunas informaciones de la administración autonómica, es que se utilizará el recorrido del actual tranvía y que, al contrario del anterior documento, éste conectará la ciudad con los municipios de la comarca.

La Xunta parte de la premisa de que el Ministerio de Fomento debe aportar una parte de la financiación de la infraestructura, mientras que el anterior informe abría la puerta a la financiación público-privada para sufragar el coste.