El exconcejal de Personal José Nogueira defiende que el proceso de funcionarización y de consolidación de empleo que se desarrolló el año pasado -aunque se inició en 2008- fue completamente legal. Su afirmación se basa en que no hubo ninguna impugnación de las pruebas, a pesar de que se adjudicaron más de 80 plazas.

No están de acuerdo con él, sin embargo, extrabajadores municipales que han presentado una solicitud al Valedor do Pobo, Benigno López, -que ha sido admitida a trámite- para que investigue las oposiciones porque consideran que el anterior Gobierno local incurrió en "irregularidades", tales como permitir que preparadores de academias privadas de la ciudad formasen parte de los tribunales de corrección. "Había representantes de los cuatro sindicatos pero no estaban todos en todos los tribunales, en unos estaban unos y en otros, los demás", explicó ayer el exconcejal de Personal, que considera que la labor de los tribunales fue "encomiable".

El Ayuntamiento asegura que contestará a la solicitud de información del Valedor "lo antes posible" para permitirle esclarecer las "dudas" surgidas en este proceso que inició el anterior Gobierno local en 2008 y que finalizó tan solo unos meses antes de las elecciones.

En el escrito remitido por los extrabajadores al Valedor le alertaban de que algunas de las plazas se habían adjudicado presuntamente antes de la realización de los exámenes a personal afín al Partido Socialista y al sindicato UGT. Nogueira niega que esto haya sucedido ya que los tribunales elegidos para las pruebas "no eran políticos", sino profesionales, y "prueba de ello" era que él "no formaba parte de ninguno" y, otra vez más, que no hubo impugnaciones ni de las bases ni de los resultados, aunque sí de las notas.

Hasta 62 cambios en las puntuaciones contabilizaron los dos denunciantes. "Unas para más y otras para menos", defiende el exconcejal. Para los afectados por estos cambios, las modificaciones se realizaron para favorecer el acceso a las plazas de funcionario a los afines al PSOE y a los afiliados a UGT en detrimento de los candidatos que no tenían el carné ni del partido ni del sindicato.

Lo que no niega el ahora edil de la oposición José Nogueira es que algunos de los opositores hubiesen recibido clases de formación para preparar los exámenes de las pruebas, porque así lo había solicitado "la Junta de Personal", explica.

El Gobierno local defiende que este proceso se desarrolló íntegramente durante el mandato del anterior Ejecutivo, por lo que su actitud frente a la investigación del Valedor do Pobo será de "colaboración" para ofrecer "la máxima transparencia" en este asunto, "como en cualquier otro relacionado con la ciudad".

Los afectados por el proceso de consolidación de empleo aseguran que uno de los vocales del tribunal de la prueba para ayudante de comercio interior, que ejerció como preparador en una academia privada de la ciudad durante el último lustro -una actividad que, según la ley es incompatible con formar parte de un jurado de oposiciones- ayudó a uno de los candidatos corrigiendo lo que el aspirante iba poniendo en su hoja y contestando lo que éste dejaba en blanco durante la realización de la prueba.

El opositor, que finalmente consiguió la plaza, ya era conocido entre algunos de los aspirantes a uno de los cinco empleos ofertados porque días antes habían escuchado que su plaza estaba "dada".

Los denunciantes aseguran que muchos de los candidatos que consiguieron consolidar su empleo en el proceso iniciado en 2008 por el Concello aparecieron, meses después de que se resolviese el proceso, en las listas de UGT para las elecciones sindicales del Ayuntamiento.

La Confederación Intersindical Galega carga contra los dos extrabajadores del Concello que llevaron el proceso de consolidación de empleo a las oficinas del Valedor do Pobo. El sindicato se pregunta por qué estos candidatos acudieron a las pruebas aun cuando creían que no tenían posibilidad de optar a las plazas -porque, según su testimonio, "estaban dadas"- y la razón de su denuncia una vez finalizado el proceso. Los denunciantes explican al Valedor, en el escrito que le remiten, que participaron en las pruebas porque, desde el sindicato UGT, les aseguraron que el rumor que habían oído eran "habladurías".

La CIG carga también contra el presidente de la Junta de Personal, Manuel Aceña, y le acusa de no haber denunciado la falta de transparencia del proceso cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Y es que Aceña aseguró el miércoles que las pruebas no habían sido "todo lo limpias" que había dicho el anterior concejal de Personal, José Nogueira, algo que ya había manifestado en 2010.

La CIG cree también que, si alguno de los miembros del tribunal no debería haber formado parte de él, las responsabilidades "tendrían que se depuradas". El sindicato niega que hubiese pedido que sus afiliados acudiesen a los jurados como vocales u observadores, ya que la composición la regula la ley.