ÁNGELA FERNÁNDEZ | A CORUÑA La asociación de vecinos de Monte Alto exige al Gobierno local que el plan general califique el Agra de San Amaro como espacio libre de titularidad pública para habilitar "una zona verde para el esparcimiento de la ciudadanía". El presidente de la entidad, José Ucha, considera que esta medida sería la única que zanjaría la polémica con los promotores que pretendían edificar en esos terrenos -en base al documento urbanístico de 1998- y, a la vez, también permitiría dar cumplimiento a las recomendaciones de la Unesco. Recuerda el dirigente vecinal que el organismo que otorgó a la Torre el título de patrimonio de la humanidad pedía eliminar los volúmenes que limitaran el campo visual del faro y apunta que el frontón de la Ciudad Deportiva sería uno de los elementos a retirar en el futuro.

Los vecinos se muestran satisfechos, en todo caso, de que la última junta de gobierno rechazase el recurso de una de las constructoras que pedía edificar un inmueble de ocho alturas en la zona e insisten en su "total oposición" al polígono urbanístico. Ucha afirma que esta medida es "tranquilizadora" porque, añade, supone que el Ejecutivo municipal mantiene "la misma posición" que el anterior equipo de gobierno.

"La única actuación que tendría sentido sería poner en valor el ámbito de la Torre de Hércules como espacio natural", explica el presidente vecinal, que rechaza cualquier otro tipo de construcción en la zona. La revisión del PGOM, todavía en marcha, es el "momento oportuno", añade, para dar una solución "definitiva" a esta zona y al conflicto entre promotores y Ayuntamiento. Los vecinos del barrio se muestran también confiados en que el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio que se deberá emitir antes de otorgar cualquier licencia en el entorno del faro romano también es "una salvaguarda para mantener el patrimonio de interés para Galicia".

El grupo municipal del BNG denunció ayer que es "improcedente e injustificado" que se compense a los promotores del Agra de San Amaro con aprovechamiento urbanístico en otros polígonos o que se les indemnice económicamente. El portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril, explica que los propietarios de los terrenos no patrimonializaron en plazo los aprovechamientos urbanísticos que les correspondían según el plan general de 1998 y los dos estudios de detalles aprobados en 2001 y 2002 y que, por esta razón, no se les debe resarcir por la prohibición de construir que ahora impone la Xunta por estar en el entorno de la Torre de Hércules. Carril argumenta que pese a que el proyecto de compensación se aprobó en enero de 2008 no fui inscrito en el Registro de la Propiedad porque Fadesa -una de las promotoras implicadas- no abonó la totalidad del pago de una finca que, según el BNG, pertenecía a la familia del exedil Carlos González-Garcés.