La empresa adjudicataria de las obras que incluyeron en los aparcamientos de la Escuela de Arquitectura Técnica y de la Facultad de Ciencias una planta de despachos sin la necesaria autorización del Concello tenía la obligación de pedir la licencia municipal, según consta en el pliego de condiciones del proyecto, una condición que se repite en otros concursos de proyectos que la Universidad ejecutó sin licencia. En el documento se estipula que el contratista debía "gestionar el otorgamiento de licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales" y especificaba que tendría que realizar estos trámites tanto para iniciar, ejecutar o entregar la obra pidiendo a la Universidad los documentos que necesitara.

Fuentes de la institución académica aseguran que es habitual que en las licitaciones de obras públicas se establezca esta condición, que evita que los funcionarios tengan que realizar el proceso administrativo de petición de permisos. Eso sí, cada entidad, añaden, incluye esta opción en sus pliegos de condiciones de una manera distinta, siendo la de la Universidad clara en sus preceptos, en los que también incluye el abono de los gastos que supongan las licencias requeridas para desarrollar el proyecto. Además, tras la realización de esos gastos -que corren a cuenta de la adjudicataria-, añade este documento del concurso público y otros correspondientes a otros proyectos, el contratista debe dar conocimiento "inmediatamente" al Rectorado "de haber cumplido dichos trámites".

Pese a la existencia de esta cláusula que haría responsable a las empresas que realizaron las obras de no haber solicitado y obtenido las licencias, la administración que firma el contrato debe vigilar el cumplimiento del pliego de condiciones. La Universidad, sin embargo, no controló esta tramitación y ejecutó varias obras sin licencia, como la construcción de oficinas en los parkings de las facultades de Arquitectura Técnica y Ciencias, en A Zapateira, y el primer módulo del área científica del parque tecnológico del campus de Elviña. El rector, José María Barja, destituyó hace una semana al vicerrector de Infraestructuras, Xosé Luis Martínez, después de que éste admitiera la realización de obras sin licencia. El rector ordenó una investigación para determinar qué proyectos estaban bajo esta situación, de cuyas conclusiones informará mañana al Consello de Goberno de la Universidad, y se comprometió a reponer la legalidad.

Según el exvicerrector de Infraestructuras, Xosé Lois Martínez, fueron dos las razones que le llevaron a tomar tales decisiones. La primera y fundamental en todos los proyectos que se llevaron a cabo sin permiso municipal es la falta de suelo para ampliar sus instalaciones, debido a la paralización de las expropiaciones de terreno que deberían hacer tanto Xunta como Ayuntamiento. Además, el exdirigente de la institución académica también afirmó, en el caso específico de las obras acometidas en los aparcamientos, que de haber esperado por la licencia se hubieran perdido los fondos autonómicos que se habían destinado a esta construcción.

Martínez alegó que la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ya contempla esta modificación que legalizaría la obra, aunque el documento urbanístico todavía no ha completado el proceso y sigue pendiente de su aprobación definitiva, prometida por el Gobierno local para verano de 2012.

El también profesor de la Escuela de Arquitectura defendió que las actuaciones no son ilegales porque no actuó "con ánimo de ocultarlo", aunque días después de hacerse públicas las obras sin licencia que había permitido en el campus fue destituido por el rector.