Lo único claro hoy día es que el edificio Fenosa sigue en pie. La sentencia que pesa sobre el inmueble que obligaría a derribarlo no se ha hecho por ahora realidad y el alcalde, Carlos Negreira, no parece apurado por las amenazas del denunciante de recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento del fallo. "Está abierto el capítulo de ejecución, pero será largo", se limitó a decir ayer el regidor, que apuesta por la calma y por dar "los pasos necesarios" para buscar una solución que evite la demolición del inmueble. Los servicios jurídicos y los técnicos del área de Urbanismo, explicó Negreira, siguen trabajando en encontrar una alternativa que perjudique lo menos posible a los inquilinos y, por la complejidad del asunto y los "distintos actores" implicados, todavía no hay fecha para anunciar la conclusión.

"Cada uno hace lo que tiene que hacer", dijo el alcalde en referencia a la intención de los promotores de la denuncia de presentar un escrito para que los tribunales requieran la materialización de la sentencia dictada por el Superior. Negreira respeta las decisiones del querellante, pero prefiere que el Ayuntamiento se tome este tema con calma "para que haya seguridad jurídica". Un sosiego que el primer edil coruñés justifica en que la primera sentencia se dictó hace una década y es ahora, recién llegado a María Pita, cuando se tiene que cumplir: "Después de diez años queremos concluir el proceso de la mejor forma posible".

Aunque no se habitual, en lo tocante al edificio Fenosa PP y PSOE se muestran de acuerdo. La portavoz del grupo municipal socialista, Mar Barcón, apoya al Gobierno local en que se estudien al detalle las posibilidades legales para sortear el derribo para "velar por los intereses de los ciudadanos y preservar los derechos de los que viven en el inmueble". Aunque no concreta cuáles, la concejala de la oposición dice que existen "caminos" para que "satisfacer" la demanda del denunciante y que el Ayuntamiento no tenga que tirar el edificio por completo. "Hay que preservar el patrimonio de la ciudad", defendió Barcón.

También el BNG había apostado por intentar evitar la demolición. En su caso, el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril, proponía al Ejecutivo municipal que exigiera a la constructora, Fadesa, que asumiera el coste de las obras que hubiera que acometer. El edil explicaba que fue la empresa la que incumplió la primera licencia concedida por el Concello, que, asegura, era sólo para rehabilitar el inmueble, por lo que es la compañía la que debe cumplir el fallo judicial y no el Concello.

Desde que en julio de este año el juzgado rechazase un recurso de súplica del Ayuntamiento contra la orden de ejecución, y que en septiembre se tomara conocimiento del dictamen, el Gobierno local estudia el caso documento por documento y, pese a la premura que el propio tribunal imprimió a la obligación de cumplir el fallo, todavía no hay solución. Ahora, puede que sea el Superior el que vuelva a exigir celeridad al Concello si el denunciante cumple su amenaza.