La finca A Barresca del Agra de San Amaro era llamada por la familia de Carlos González-Garcés como "la leira", un trozo de tierra que nunca tuvo valor. "Ese terreno procede al menos de mi bisabuela y mi madre no lo registró y lo tenía arrendado. El arrendador se enteró de que era posible que se recalificase y la registró a su nombre y vamos a juicio y se reconoce que el terreno es nuestro, pero cuando fue el juicio ya estaba recalificada, yo no participé en la recalificación", explicó ayer el exconcejal coruñés.
González-Garcés manifestó también que el terreno que poseía en el Agra de San Amaro pertenecía a toda la familia, es decir a él y sus dos hermanos y a su madre y los hermanos de esta (cuatro), por lo que a él le tocaba en propiedad "la centésima parte". Señaló que el poder que se le otorgó para venderla fue por parte de sus hermanos y no del resto de la familia. "Ojalá fuese yo el propietario de todo", apuntó. Agregó que él siempre se ausentó en todas las votaciones relacionadas con el asunto, como las de aprobación del proyecto de compensación en Junta de Gobierno.
Garcés indicó además que vendieron el terreno a Fadesa y su madre cobró una cantidad "irrisoria" y él "ni una peseta". Precisó que el dinero que cobraron de la venta fue el correspondiente a la edificabilidad en el primer polígono de San Amaro y a él le tocó solo una pequeña parte del importe total de 1,4 millones de euros.
El exconcejal no obstante admitió que aún sigue relacionado con esta finca del ámbito del Agra de San Amaro porque aún no cobró el último plazo del precio de venta acordado, y que según él se corresponde a la edificabilidad en el segundo polígono del sector, "que el Ayuntamiento nunca tuvo a bien aprobar". Carlos González Garcés por esta razón no sabe si finalmente cobrará este dinero pendiente de una venta de hace más de once años, en 2000.
El presidente de la Coral El Eco también confirmó que la venta se produjo con una condición resolutoria y es que si no se efectúa el pago aplazado la finca revertiría a sus propietarios originales, la familia Garcés.
"En el supuesto caso de que se incumpla el contrato sí revertiría pero no se puede pensar de que pase eso". En el contrato de compraventa se estipuló el último pago a los tres meses de la aprobación definitiva por parte del Concello del segundo de los polígonos en los que se materializó el aprovechamiento urbanístico de su finca.
Carlos González-Garcés subrayó que el hecho de informar sobre estas operaciones implica que alguien está intentando perjudicarle. "Puedo deducir quién es pero es difícil perjudicarme porque no hay nada. No ha habido nada ni que rayase en lo más lejano ya no lo ilegal sino ni siquiera lo irregular o falto de ética", afirmó.
