El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, acordó ayer con los vecinos del parque ofimático que podrán residir en sus viviendas "el máximo tiempo posible". Los habitantes de la zona se reunieron con el concejal después de recibir cartas en las que el Concello les advertía de que tenían un plazo de un mes para abandonar sus viviendas.
"Estamos contentos porque hubo buena disposición por parte del Ayuntamiento. Harán la urbanización por fases para que tengamos el mayor tiempo posible para abandonar las casas. Las obras las empezarán por donde no nos afecten", destaca uno de los asistentes al encuentro, Álvaro Corral, al tiempo que subrayó que, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, tienen "más margen de maniobra".
El Gobierno municipal sostiene en un escrito enviado a los medios de comunicación que dará "prioridad" a las parcelas de los afectados, que, además de propietarios, serán promotores de la futura urbanización, para que puedan empezar a construir lo antes posible. "El Ayuntamiento se ha comprometido con las familias a que podrán residir en sus casas el máximo tiempo posible, mientras que su permanencia en la zona sea compatible con la ejecución de las obras de urbanización, e intentando que puedan disponer de parcela de reemplazo antes de mudarse para poder construir en ellas sus nuevas viviendas y reducir todo lo posible el periodo que estén en alquiler", señala el Ejecutivo local, al tiempo que destaca que apuesta por empezar los trabajos "por ámbitos concretos".
La mayoría de las viviendas de estas familias se encuentra sobre zonas de equipamientos y no en parcelas que se dedicarán a uso residencial. La Concejalía de Urbanismo, según los afectados, también se comprometió a buscar "soluciones provisionales" para los perjudicados mientras no se construyan las viviendas. Así, Fernández Prado les planteó la posibilidad de ser realojados en pisos libres de titularidad municipal, ya que al ser promotores de la urbanización, su patrimonio excede del máximo permitido para acceder a un inmueble de protección oficial.
