Los promotores del polígono urbanístico del Agra de San Amaro niega que mantengan una negociación con el Concello, en contra de lo que han afirmado en las últimas semanas el alcalde, Carlos Negreira, y el concejal de Territorio, Martín Fernández Prado. Tras la negativa de construir en los solares que poseen, a escasos metros de la Torre de Hércules, el Ayuntamiento les ofrecerá una compensación que podría ser una permuta de terrenos, para que edifiquen en otro lugar de la cuidad, o una indemnización económica. Pero los propietarios afirman que aún no han comenzado los contactos entre ambas partes debido a la ausencia de una valoración exacta de los terrenos para poder buscar una contrapartida de similares características. Una empresa contratada por la junta de compensación está a punto de finalizar la tasación de las fincas y, una vez tengan el documento en la mano, los promotores se citarán con los representantes del Gobierno local y comenzará el diálogo.

Por ahora todas las posibilidades están abiertas, aunque los afectados se inclinan más por la permuta, para poder mantener la previsión de construcción en alguna parte de A Coruña y proponen que no se les agrupe en alguna otra finca, sino que cada dueño pueda buscar el área que más le convenga dentro de la ciudad. "Estamos abiertos a que cada propietario con su porcentaje de propiedad pueda negociar", explican fuentes de la junta de compensación, que apuntan que el Concello ni siquiera les ha facilitado una lista con los lugares que podría ofrecer a cambio de los terrenos del Agra de San Amaro. La negociación, pues, partirá de cero y se espera que sea antes de que finalice el año cuando se produzca el primer encuentro. Es más, los propietarios esperan que se pueda zanjar el conflicto antes de que se apruebe de manera definitiva el PGOM para que se incluyan los cambios que se registren con el acuerdo. "Lo lógico sería que se contemplase ya en el plan general porque se va a anular el polígono", explican.

Fue una orden de la Xunta la que paralizó la construcción de la urbanización, contemplada en el documento urbanístico de 1998, por la cercanía a la Torre de Hércules y la consecución del título de Patrimonio de la Humanidad que obligaba a mantener un perímetro de seguridad sin obstáculos visuales. Esta fue el argumento que utilizó el Ayuntamiento para denegar las licencias de construcción de los edificios, de hasta ocho plantas, y que ha acabado con las promotoras en los juzgados. La junta de compensación es clara: se mantendrán las querellas en los tribunales hasta que se llegue a un pacto satisfactorio con el Gobierno local. "Hemos recurrido todos, otra cosa será después, si hay acuerdo, podremos retirar las denuncias", defienden.

El Ejecutivo municipal había asegurado en semanas pasadas que sí había una negociación en marcha aunque no ha ofrecido detalles de la misma. El alcalde se mostraba empeñado en que no se construyeran los "mamotretos" frente al faro romano y también se marca como objetivo que no se siga judicializando el urbanismo de la ciudad y, por tanto, llegar a un acuerdo que evite un mayor agravio para las arcas municipales en los tribunales. Eso sí, ni Negreira ni Fernández Prado especifican cuál será la opción que pongan sobre la mesa, ante los promotores, si la compensación económica o con otros terrenos. Todas las soluciones, según el concejal de Territorio, pasarán por el plan general, sin que se tenga que alterar de manera importante.

Desde la oposición mantienen posiciones contrarias a la negociación con los promotores aunque con distintas justificaciones. Tal como recuerdan desde la junta de compensación, el PSOE reclama que sea la administración autonómica, por haber realizado el dictamen que paralizó el polígono, la que compense, y por eso están satisfechos de que el cambio de gobierno en María Pita les haya beneficiado: "Por lo menos el Ayuntamiento reconoce que hay que indemnizarnos, porque antes se decía que era cosa de la Xunta". El BNG apunta que no hay que ofrecer ninguna contrapartida a los dueños de los solares porque el plan general del 1998 contradecía, revelan los nacionalistas, el plan especial de la Torre de Hércules por lo que los estudios de detalle que se hicieron en base al documento urbanístico deberían ser declarados ilegales. "Si es ilegal no se tiene que indemnizar a nadie", argumenta el portavoz del Bloque en el Concello, Xosé Manuel Carril.